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Portos ve injustificable que la Xunta del PP perdonase tasas a Jealsa

La conservera es propiedad del ex alcalde popular de Boiro, Jesús Alonso

La actual dirección de Portos de Galicia no ha logrado explicar porqué el Gobierno de Fraga perdonó durante seis años al ex alcalde popular de Boiro, Jesús Alonso, las tasas derivadas de la actividad comercial de Jealsa Rianxeira en el puerto de Bodión en Boiro. A pesar de que dispone desde antes de 1998 de cuatro concesiones administrativas para explotar 14.595 metros cuadrados en el dique "con clara actividad comercial y lucrativa", la conservera nunca abonó a la Xunta cantidad alguna por ese concepto. No lo hizo porque los diferentes pliegos de condiciones de las adjudicaciones aprobadas por el PP "no prevén el abono del canon de actividad comercial".

La investigación que instruye el Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades detectadas en Portos de Galicia durante el ejercicio 2004 ratifica punto por punto el informe de fiscalización elaborado por el Consello de Contas. La documentación que la Consellería de Política Territorial remitió en noviembre a la instructora designada por la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas no deja en buen lugar la gestión al frente del organismo del actual portavoz del PP en A Coruña, Carlos Negreira. Revela que Portos de Galicia, el ente adscrito a la consellería que entonces dirigía el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera adaptó dichas concesiones en 2003 tal y como exigía la ley de tasas, precios y exacciones reguladores de la Comunidad Autónoma impulsada por el propio Ejecutivo de Fraga y aprobada ese mismo año.

A través de su sala de enjuiciamiento, el Tribunal de Cuentas solicitó a los actuales gestores que detallen "las cantidades abonadas por Jealsa Rianxeira en concepto de canon desde la fecha de concesión hasta la reunificación de las cuatro concesiones solicitada por la empresa en noviembre de 2002". La documentación de Portos no sólo prueba que la conservera no abonó un sólo euro por ese gravamen en la última década, también que será la actual Administración autonómica la que procederá a refundir los cuatro permisos para que Jealsa continúe con su actividad comercial en el dique de Boiro.

Esa reunificación entrañará una "modificación sustancial que contemplará la obligatoriedad del canon por actividad comercial conforme a los parámetros expuestos en este informe". Política Territorial calcula que en febrero de 2009 la situación de Jealsa estará regularizada, si bien descarta recuperar los importes no cobrados a la conservera del ex alcalde del Partido Popular.

Tal y como ha solicitado la instructora del Tribunal de Cuentas, el informe del organismo público identifica a aquellos "cargos que hubieran podido intervenir en la gestión recaudatoria". Cita con nombre, apellidos, DNI y dirección al ex presidente del Consejo de Administración, Carlos Negreira, a la anterior directora del organismo, Ana Isabel Calzadilla, y a tres funcionarios del ente durante el último Gobierno del PP en la Xunta.

Puertos deportivos

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El dossier que Portos de Galicia ha enviado al organismo fiscalizador descarta, sin embargo, cuatro de las cinco irregularidades denunciadas por el Consello de Contas. Explica por ejemplo que en el caso del puerto deportivo de Ribeira se cobró en 2006 el canon correspondiente a los ejercicios de 2004 y 2005. Algo que también hizo la sociedad Nauta que explota la marina de Sanxenxo. En el caso de las instalaciones náutico deportivas de A Pobra do Caramiñal, Portos explica que no procedía el cobro de las tasas en 2004 -año fiscalizado por Contas- dado que entonces no se habían recepcionado las instalaciones de atraque y amarre de embarcaciones de recreo.

Responsabilidad contable

La actual instrucción del Tribunal de Cuentas parte del demoledor informe de fiscalización del Consello de Contas sobre el año 2004. Tras evaluar ese dictamen, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ordenó a la sección de enjuiciamiento abrir procedimientos para dilucidar si existe responsabilidad contable en la gestión económica del último Ejecutivo de Manuel Fraga en ocho entes relacionados con la Administración autonómica y también en relación a la cuenta general de la Comunidad Autónoma de ese mismo año.

Además de las irregularidades destapadas en Portos de Galicia, el Tribunal de Cuentas examina la gestión en la Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo, la Fundación para o Deporte galego, la Semana Verde de Galicia, el Instituto Enerxético de Galicia y la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, Sogama. González Soler también reclamó auditar la gestión de los servicios de alimentación hospitalaria de cinco centros en 2005. Se trata de los ubicados en los hospitales Nicolás Peña, Xeral Cíes-Rebullón, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Comarcal de Monforte y Xeral Calde de Lugo.

Un juzgado de Santiago investiga además presuntas irregularidades en la Cidade da Cultura.

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