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Presidencia amenaza con impugnar las oposiciones municipales en gallego

El Gobierno ratifica las circulares a ayuntamientos sobre la lengua en pruebas de aceso

Pablo Linde

Poco después de recuperar la mayoría absoluta en el Parlamento, el PP cambió la ley de acceso a la función pública para eliminar las pruebas obligatorias en gallego a quienes acreditasen conocimiento de esta lengua. Y la Xunta está decidida a que este precepto se cumpla a rajatabla tanto en el ámbito autonómico como en el municipal. La Dirección Xeral de la Administración Local envió justo después de aprobar la norma circulares a los ayuntamientos recordando párrafos de la ley y amenazando con impugnar los procesos selectivos que la incumplan.

En la comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior celebrada ayer en el Parlamento, el diputado nacionalista Bieito Lobeira pidió explicaciones sobre estas cartas. Preguntó por qué omiten la parte de la ley que enuncia que se pueden realizar pruebas en gallego "para aquellas plazas que requieran un especial conocimiento de la lengua".

El BNG acusa al Gobierno de perseguir y querer eliminar la lengua
"Sólo pretendemos que se cumpla la legalidad", asegura Uzal Tresandi

Las circulares que amenazan con impugnar las convocatorias llevan la firma del director general de Administración Local, José Norberto Uzal Tresandi, quien ayer explicó en el Parlamento que "no se trata de una extorsión", tal y como acusó Lobeira, sino del "cumplimiento de la legalidad". También recogió la sugerencia del diputado nacionalista: "Vamos a tomar en cuenta la inclusión de artículo 35 [que recoge el párrafo cuya exclusión criticó Lobeira] en las circulares".

Pero para el parlamentario del BNG, la situación es mucho más grave que eso. Aseguró que la Xunta "pretende desgalleguizar y eliminar los derechos democráticos de los consistorios, ya que se impide que un ciudadano pueda ser atendido de manera oral o por escrito en el idioma propio". "¿Cuántos ayuntamientos han recibido esta circular?, ¿qué pasa con aquellos que tienen ordenanzas que incorporan criterios lingüísticos?, ¿también las van a impugnar?", preguntó Lobeira.

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"Las ordenanzas municipales no pueden establecer requisitos distintos de los de la ley en el acceso al empleo público", contestó Uzal, quien aseguró que no existe ninguna directriz antigallega. "La muestra de este criterio es que todavía no se hizo ninguna impugnación, sino información, que en más de 90% es cumplida por los ayuntamientos. Y muchas veces se nos agradece, porque en ocasiones no son capaces de saber cuál es la norma en vigor en cada momento", continúo el director general en su intervención.

No contestó a cuántos ayuntamientos se les remitió la circular y se limitó a subrayar que la Xunta seguirá con la tarea de garantizar "que el acceso a empleo público se haga con los principios vigentes". "Pediremos que se cumplan los requisitos en materia lingüística y en todos los ámbitos", añadió.

Pero en el debate, además de la circular, también estuvo presente el pasado de Uzal Tresandi, que concurrió en una candidatura de Falange Española Independiente a las elecciones al Parlamento Europeo en 1994. Sobre su nuevo compromiso con el "centro reformista y el galleguismo cordial", Lobeira le espetó: "Francamente me parece enternecedor". Y poco después cambió el tono sutil por otro más directo: "No es normal que por muy falangista que sea usted intente eliminar lengua gallega y amenace a los ayuntamientos". A lo que el director general contestó que "es importante precisar que no existe prejuicio ideológico". "Una muestra es que este titular envió desde su toma de posesión y durante la vigencia de la anterior normativa, 14 comunicaciones a ayuntamientos advirtiendo que no cumplían la normativa de hacer pruebas en lengua gallega".

Lobeira defendió en su intervención que lo normal es defender una lengua que parte en desventaja y que no se hace nada contra los ayuntamientos que incumplen la normativa usando en español toponimias o documentos. Uzal aseguró no tener conocimiento de estos incumplimientos, a lo que el diputado esgrimió el de "algunas diputaciones" y, "por ejemplo", el ayuntamiento de Sanxenxo. "¿O prefiere que diga Sangenjo?", concluyó el nacionalista.

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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