Profesores y padres de alumnos aplauden el acuerdo para galleguizar la enseñanza

Ya era hora. Con esta expresión de alivio recibieron profesores y padres de alumnos el acuerdo entre PP, PSOE y BNG para ampliar el uso del gallego en las aulas, un cambio que, a su juicio, se produce con años de retraso. La CIG, sindicato mayoritario en el sector, ve el nuevo decreto como un "avance", aunque lamenta que para lograr el apoyo de los populares la Xunta haya aparcado su idea de obligar a impartir más asignaturas en gallego que en castellano. Los centros concertados consideran el respaldo del PP como una garantía de que no se discriminará a los castellanohablantes.

Educación evaluará cada año el grado de aplicación de la norma en los centros

El nuevo decreto de la Consellería de Educación que obligará a que los niños reciban al menos la mitad de las clases en gallego cuenta con apoyos prácticamente unánimes también fuera de los partidos políticos. La Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos de Centros Públicos (Confapa) cree que la medida, recogida ya en el Plan de Normalización Lingüística de 2004, tenía que haberse aplicado hace años. "Nunca es tarde si se pone el carro a andar", afirma la presidenta de la entidad, Olga Patiño.

La Confapa considera positivo que se dé libertad a los colegios e institutos para decidir si otorgan preferencia al uso del gallego y rebasan el mínimo del 50% de asignaturas que se deben dar en este idioma. La entidad no animará a los consejos escolares a tomar ninguna postura concreta. "Cada centro es un mundo y debe adaptar su curriculum a sus circunstancias, a su personalidad", opina Patiño.

Por su parte, los padres de alumnos de centros concertados celebrarán el miércoles una reunión para analizar el contenido de la nueva norma. La dirección de la Confederación Gallega de Asociaciones de Padres de Alumnos esperará a este encuentro para dar su opinión sobre los cambios, aunque la federación de Ourense ya ha adelantado su respaldo al texto consensuado por los tres partidos.

El presidente del colectivo en la provincia orensana, Constantino Iglesias, anima a los políticos a alcanzar el mismo acuerdo con las leyes de ordenación de la enseñanza y aboga por que los colegios privados que reciben fondos públicos no impartan más de la mitad de las asignaturas en gallego porque podría ser "peligroso". Para Iglesias, el apoyo a la norma por parte del PP, un partido que "defiende la unidad de España", es una garantía de que el texto no discriminará a los castellanohablantes.

El representante de los centros concertados vaticina que la promoción del uso del gallego en la enseñanza provocará reticencias sólo entre los sectores más "extremos", un pronóstico en el que coincide la portavoz de padres de alumnos de colegios públicos. "Habrá sectores docentes que lo critiquen pero no sé por qué, han tenido tiempo para formarse y adaptar sus saberes al gallego", replica Olga Patiño.

La CIG, sindicato mayoritario en la Administración educativa, admite que el acuerdo entre los tres partidos para incrementar la presencia del gallego en las aulas es un "avance", pero lo considera "insuficiente". La central nacionalista lamenta que la Consellería de Educación diese marcha atrás a su intención de obligar a impartir más de la mitad de las asignaturas en el idioma propio de Galicia. "Ese fue el peaje que se tuvo que pagar para llegar a un acuerdo con el Partido Popular", interpreta Anxo Louzao, portavoz de CIG-Ensino.

El nuevo decreto prevé que la Consellería de Educación realice cada año una evaluación del grado de aplicación de las medidas recogidas en la norma, un punto especialmente aplaudido por A Mesa pola Normalización Lingüística para garantizar el cumplimiento del texto legal. La CIG exige a la Xunta que ponga todos los medios posibles para que la ampliación del uso del gallego en los colegios se respete "al 100%" y no ocurra como con la norma vigente, aprobada en 1995. "Tiene que haber un cambio de actitud importante en la Inspección", señala Louzao.

La norma dará libertad a los consejos escolares de cada centro para que decidan si se supera el porcentaje del 50% de materias en gallego. La CIG teme que ese mínimo no se rebasará en la mayoría de los casos. "Mucho tendría que cambiar la situación sociolingüística", opina Louzao, quien critica que la Administración deje en manos de la "voluntad y las actuaciones individuales" una "cuestión tan importante como la lengua".

Los colectivos relacionados con la enseñanza descartan problemas en la aplicación del decreto. La Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado, que agrupa a un centenar de colegios concertados, asegura que los colegios privados también están preparados para elevar a la mitad el número de materias que se impartirán en gallego. El presidente de esta entidad, José Antonio Moar, está convencido de que el decreto se cumplirá. La confederación de centros católicos eludió ayer valorar la nueva norma, porque dice desconocer su contenido.

A Mesa pola Normalización Lingüística insiste en que el "horizonte" fijado por el decreto es que el gallego se convierta en la lengua vehicular de la enseñanza. Los padres de alumnos de centros públicos esperan que Galicia sepa a partir de ahora usar sus dos lenguas oficiales como un "valor añadido en la escuela", que ayude a los escolares a dominar el mayor número posible de idiomas.