Sábado, 21/11/2009
Galicia
L. VARELA / P. LÓPEZ - Santiago / Vigo - 10/11/2009
El presidente del Puerto de Marín-Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó ayer un consejo de administración extraordinario para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de Placeres, uno de los mayores de Galicia. El fallo, que anula todo el Plan Especial portuario, cuestiona seriamente la legalidad de los rellenos ejecutados en la ría pontevedresa, que tantas veces han denunciado ecologistas y mariscadores. Suárez Costa se desmarcó con una advertencia: desmontar el relleno puede tener un coste ambiental más agresivo que el propio relleno. Su aviso no ha hecho mella en la asociación que recurrió el relleno, que ayer anunció que irá a por la ejecución de la sentencia "con todas las consecuencias".
Los vecinos pedirán la retirada de licencias a las empresas instaladas
Suárez Costa defendió que "todas las obras que ha hecho esta Autoridad Portuaria cuentan con una declaración de impacto ambiental", por lo que sostiene: "Desde ese punto de vista, no hay ningún fallo". El hecho es que la sentencia se basa precisamente en la ausencia de ese estudio para el relleno, de más de 300.000 metros cuadrados de superficie. El futuro pasa ahora, dijo el presidente del Puerto, por pedir consejo al jefe de la Abogacía del Estado para determinar los próximos pasos. Suárez Costa también tiene previsto reunirse con el director del ente portuario para conocer los trámites realizados en este sentido, ya que hace sólo unos meses que ocupa la presidencia.
Ante las graves repercusiones que podría tener la reposición de la legalidad (dos empresas se asientan en ese suelo: Pérez Torres y Gonvarri), advirtió que el daño ambiental de esa actuación para devolver los terrenos a su estado original podría ser mayor que al ya realizado. La sentencia obliga a Xunta, Diputación de Pontevedra y Autoridad Portuaria a efectuar "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado". El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el Puerto.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que el Partido Popular gobernaba entonces en la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, tres instituciones directamente afectadas por el fallo judicial, mientras que el BNG local ya votó en contra del relleno a fin de evitar convertir el puerto "en un polígono industrial". "Se saltaron los informes municipales", pese que "se advirtió claramente la necesidad de declaración de impacto ambiental".
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha decidido esperar a tener la sentencia en sus manos para pronunciarse. De momento, sin embargo, ha descargado responsabilidades, ya que la aprobación del Plan Especial se produjo en el 1993, cuando la presidencia provincial la ocupaba César Mera, "y de cuya corporación Louzán no formaba parte", puntualizan fuentes del organismo. El documento, insistió ayer Louzán, fue respaldado por todos los grupos (PP, BNG y PSOE) con excepción del independiente Antonio Nieto Figueroa, Leri.
Además, el presidente de la institución provincial puso sobre la mesa que éste es un ejemplo de cómo la "lentitud" de los propios procesos judiciales puede conllevar prejuicios a terceros. Ahora, señaló, "16 años después tendrán que sentarse todas las administraciones implicadas y ver qué puede ejecutarse de la sentencia", ya que "habrá cosas inejecutables" para las que deberá establecerse alguna fórmula compensatoria.
La asociación que presentó la demanda, una plataforma vecinal de Placeres, se apresuró a anunciar que considera que todo el fallo del alto tribunal puede ejecutarse. "Hasta se establecen los porcentajes del gasto", señala Manuel García, portavoz de la organización.
La plataforma estudia con su equipo jurídico una petición formal al Supremo para que inste a las administraciones a desmontar el relleno, "tenga el coste económico que tenga", y recelan del argumento del mayor daño ambiental que supondría la obra.
Pero la sentencia tiene más vertientes que la propia ejecución del relleno. Al ilegalizar la ampliación y el Plan Especial que lo sustenta, las licencias que amparan a las industrias allí instaladas "deben ser revocadas", sostienen los vecinos de Placeres. "Lamentamos que no sea el mejor momento económico para que ocurra esto, pero defenderemos la legalidad", asegura Manuel García. "Todo lo que está encima del relleno es tan ilegal como el propio relleno. No hay vuelta de hoja: pediremos que se ejecute la anulación de las licencias".
La otra administración implicada, la Xunta, que en octubre de 2000 aprobó el Plan Especial del Puerto pese a las deficiencias señaladas por el Tribunal Supremo, eludió comentar la sentencia.
Fuentes próximas a Urbanismo de la administración autonómica coincidieron con el presidente del Puerto en considerar que la sentencia es de difícil ejecución y que los daños ambientales pueden ser relevantes.
La sentencia del Tribunal Supremo no altera los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo. El puerto vigués carece, como el de Marín-Pontevedra, de un Plan de Utilización de Espacios Portuarios que avale el crecimiento sobre el mar, uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declara ilegal la ampliación de Placeres. Pero la presidenta, Corina Porro, cree que son casos totalmente distintos, por lo que anunció que sigue adelante con sus proyectos.
Entre estos planes se encuentra el relleno del Areal, que en su primera fase ganará 40.000 metros al mar. Porro rechaza que se trate de un relleno, dado el sistema de sustentación por pilotes de la nueva plataforma. "No voy a autorizar ni un metro cuadrado de relleno en Vigo", sostiene. Y sobre el Plan Especial que ampara las obras -un documento que, según el Supremo, no puede prever actuaciones de este tipo-, señala que "cuenta con todas las bendiciones ambientales". "Siempre que hemos ido a los tribunales, la justicia ha acabado dando la razón al Puerto", asegura.
El denominado plan de usos de Vigo, en tramitación, tardará al menos año y medio en entrar en vigor, según cálculos de la Autoridad Portuaria. Y sin ese documento, "la totalidad de los terrenos y láminas de agua del puerto vigués sigue en la más estricta ilegalidad", sostiene la asociación A ría non se vende, que denuncia "el paralelismo entre los casos de Marín y Vigo". La organización ecologista no detiene en Areal los efectos de la sentencia, sino que los extiende al resto de proyectos. Entre ellos, el puerto deportivo de Massó, en Cangas.
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- 10-11-2009Página 1 de 4
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manuel
- 12-11-2009 - 09:33:44h
Quien era el Conselleiro da Política Territorial por entonces?:Feijoo. En manos de quién estaba la Diputación?: del PP. Quien era el Presidente de la Xunta?: Fraga. Pero ahora a seguir acabando con Galicia. Chove?: NON: MEXAN
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Charrasquiño
- 10-11-2009 - 22:59:29h
El relleno ilegal hay que sacarlo. Hay que recuperar la Ría cueste 100 o 500 millones de euros, o 5000. A los responsables de esta catástrofe ecológica hay que detenerlos ya y expropiarlos de todos sus bienes para que respondan por ello, y ponerles un pico y una pala a cada uno y que empiecen a sacar el relleno. Y Suárez Costa que se calle: hay que procesarlo y expropiarlo de todos su bienes.
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María José
- 10-11-2009 - 21:25:31h
Pues no tiene suerte Louzán con "la lentitud de la justicia"!!! Así puede aspirar a jubilarse en la Diputación y no como le corresponde en el CIP de Ribadumia. Verguenza de caciquismo!!!
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Víctor Manuel
- 10-11-2009 - 19:59:58h
Os políticos rinse de nós. di o Sr. Suárez Costa que as obras do porto conta cun estudio de impacto ambiental. Canto custa un estudo de impacto ambiental favorabble? Nunca ouin, que un estudio de impacto ambiental contradecira a construcción dunha obra. Dase o caso que hai grupos empresariais que contruen e teñen un consultoría que fan estudos de impacto ambiental (Favorables a obr aque desexan construir). Os políticos e funcionarios responsables de ben asumir a súa responsabilidade e DEMITIR. Eu ademáis, mandávaos pa Somalia. Manda carallo que Louzán (un político) se queixe da lentitude da xustiza, pois é noq ue se amparan estes crápulas, para sairse ca súa aplicando unha política de feitos consumados. O recheo ten solución, o primeiro demisións de todos os responsables que esten relacionados. Logo prato e tenedor e a comer ata acabar co recheo. Moraboa, pero sobre todo Grazas, á Plataforma de Praceres. Se precisan cartos para desmontar o recheo, que empreguen os 223 millóns de euros minimos de custe da autovía paralela a A-57 denominada A-59, entre Pontevedra e Peinador. Para o Sr. Pepiño Blanco, son calderillas.
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Cabicastro
- 10-11-2009 - 17:36:09h
A través de esta sentenciai se ve la chapuza urbanística y ambiental que arrastramos desde hace más de 15 años en la ría de Marín. Cuando en grandes ciudades (Coruña, Vigo, Barcelona, Gijon, etc ) desmantelaron instalaciones de los años 60 y 70, aqui se estaba repitiendo el disparate: desarrollismo paleto y trasnochado. Ahora tenemos un pueblo colapsado por el tráfico, feo, anodino, repugnante y sin futuro, una instalación portuaria ilegal a cambio de un puñado de billetes... para unos cuantos. Que se cumpla la sentencia YA!!! Polígonos industriales lejos del litoral!!!! Instalaciones portuarias con sentido común!!!! Y políticos que asuman sus responsabilidades, tanto del PSOE como del PP incluido el Sr. Louzan
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Puerto de Marín-Pontevedra- XURXO LOBATO
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