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Suspensión cautelar del concurso eólico

El Tribunal Superior elude valorar la legalidad de las decisiones del bipartito

Sin entrar a valorar su legalidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado en un auto adoptar medidas cautelares y suspender el procedimiento y resolución del concurso eólico del bipartito a instancias de una de las empresas que quedaron fuera del reparto. La decisión del alto tribunal responde, según el auto, "al objeto de que no se generen posibles daños y perjuicios para las partes de difícil reparación", y ante la "responsabilidad en cascada de reclamaciones en cuantía de considerable importe, pues el elevado número de solicitudes ya da idea de la importancia de los intereses económicos en juego", en referencia a otros recursos presentados por empresas que quedaron fuera del concurso.

La decisión de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, según aclara el propio tribunal, es todavía "provisional y no definitiva" puesto que las partes tienen de plazo hasta la próxima semana para presentar un recurso de súplica. La Xunta no se ha opuesto a la medida cautelar. El alto tribunal considera que "es cuando menos aconsejable la suspensión de la efectividad objeto del recurso [la orden que desarrolla el decreto eólico] no sólo desde el punto de vista de la empresa recurrente, sino de terceras sociedades afectadas e incluso por el propio interés público". La decisión, en todo caso, tiene escasa relevancia a efectos prácticos, una vez que el actual Gobierno acordó el pasado agosto dejar en suspenso el reparto eólico del bipartito.

Pese a que el tribunal no entra en ningún momento a valorar la legalidad de las decisiones del anterior Gobierno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a interpretar las medidas cautelares como la "confirmación de que ese concurso adolece de vicios de legalidad infranqueables".

La decisión del tribunal tiene su origen en uno de los cinco recursos presentados contra la adjudicación eólica, e interpuesto por la sociedad Muiños de Vento Galegos, que aspiraba a 400 megatavios con once propuestas. Según el empresario José Lorenzo Cotelo, gerente de la sociedad, la solicitud de medidas cautelares "se apoyó en los daños y perjuicios que se puedan derivar del proceso, al tiempo que también cuestiona la legalidad de decisiones como conceder participación pública en los proyectos o la adopción de los criterios de valoración" del concurso. Junto a Lorenzo Cotelo, el grupo de empresas que logró la suspensión cautelar tiene como socios, entre otros, a José María Castellano, presidente de la operadora ONO y vicepresidente de La Voz de Galicia. El ex ejecutivo de Inditex participa en el grupo a través de la sociedad Alazady España, y uno de sus hijos, Pablo Castellano Vázquez, es administrador de Energías Renovables del Atlántico, que controla el 100% el capital de Muiños de Vento Galegos.

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