Toralla en un mar de dudas

Mientras a un lado del puente todo el mundo celebra la noticia, al otro se recibe con perplejidad, cabreo, muchas dudas y una falta de información tan grande que hasta imaginan que lo del paseo marítimo es una milonga. Un "bulo" que se propagó a través de un correo electrónico con el que tragó la prensa porque el titular era de lo más suculento. "El ministerio creará una senda litoral en la isla de Toralla". La plataforma A Ría Non se Vende, portadora de la buena nueva, no entiende cómo el Gobierno no les tomó la delantera para hacer pública la noticia: al fin se abría el paso por completo a la isla privada que alberga una torre de 20 pisos junto a la playa de viguesa de Samil. Pero el ministerio lo niega.

Las concesiones de Costas han expirado. Las fincas ocupan terrenos públicos

"Una cosa es el paseo, de lo que ahora mismo no hay nada, seguro, y otra distinta el deslinde, que es lo que se está llevando a cabo. Como es suelo urbano, son 20 metros hacia adentro a partir de la línea del mar", indica, desde Madrid, un portavoz oficial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirige la gallega, y medio viguesa, Elena Espinosa. El Gobierno central reconoce que "existe un proyecto de senda peatonal" desde hace tiempo, "un camino nada agresivo", puede que de madera, por el perímetro (1.386 metros) del deslinde, pero que está aparcado a la espera de mejores perspectivas económicas.

Ahora que empieza a azotar el invierno en la isla, ahora que las araucarias se doblan por el viento, y el mar embiste y viene con bríos suficientes como para zurrarle sin parar hasta abril a la escollera, muchos vecinos han cerrado sus casas, pero en Toralla, con buen tiempo, llegan a vivir "entre 700 y 1.000 personas", según el administrador de la isla. Todas éstas se enteraron por los periódicos del inminente propósito del ministerio de llevarse por delante buena parte de las fincas particulares para dejar pasear a los ciudadanos de a pie, que llevan toda la vida teniendo prohibida la entrada a esta isla de Vigo.

Los propietarios recibieron esta semana una carta de la Jefatura Provincial de Costas con fecha del 14 de octubre. El escrito les anunciaba que estaba a exposición el nuevo deslinde y que contaban con un plazo de 15 días para presentar alegaciones. ¿Era una casualidad, o no, que el aviso ministerial llegase al mismo tiempo que la noticia difundida por A Ría Non se Vende? Ellos, ahora, creen que este colectivo ecologista se excedió al entender "paseo" donde el Gobierno central sólo decía "deslinde". Pero una voz, desde el ministerio de Espinosa, lanza un aviso: "La verdad, hoy, es que lo único que hay es lo segundo, pero los ecologistas suelen ser gente bien informada...".

A lo largo de esta semana, varios vecinos acudieron a la llamada de Costas para ver si presentaban alegaciones. Según el administrador de Toralla, SA, la sociedad que compraron los propietarios de los 32 chalés y de la torre en 1984, no se va a reclamar porque "todo sigue como estaba". Es decir, entre los años 67 y 69, la Administración central trazó el primer deslinde, de seis metros desde el mar, y según ellos, la cifra se mantiene. Claro que el ministerio, consultado de nuevo por este diario, insiste en que los metros de cesión "son 20 por mucho que a ellos no les guste", aunque la pasarela pública, de hacerse, sólo ocuparía entre tres y seis.

En el peor caso para los vecinos, es decir, si el paso tuviese un ancho de seis metros, el día en que "haya dinero" para construir una senda (que según los residentes tendrá que ser de hierro, porque "aquí el mar lo rompe todo") desaparecerían una docena de jardines y sus piscinas, y habría, además, entre dos y cuatro chalés afectados, los que están construidos más cerca de las rocas.

El ministerio no tendría que expropiar nada, porque todas estas propiedades de ensueño están ocupando, en parte, terrenos del Estado. Por los metros más próximos al rompiente de cada finca, los residentes estaban abonando anualmente al Gobierno una especie de alquiler. Ahora ya no pagan nada, porque las concesiones han expirado. Los terrenos, oficialmente, vuelven a estar a disposición de Costas; pero mientras Costas no disponga nada, los vecinos seguirán disfrutando de las codiciadas parcelas.

Hace una década que el concejal viguista y vigués Antonio Nieto Figueroa, Leri, logró que el Supremo reconociese el derecho de todos los ciudadanos a atravesar el puente de Toralla andando, para pescar desde la plataforma o para bañarse en las dos calas que hay a la entrada de la isla. Entonces, la garita con barrera en la que siempre había un guarda se trasladó 400 metros, de una punta a la otra del viaducto. Y hoy el vigilante sigue ahí, vetando el paso a todo extraño que no demuestre que viene invitado por algún morador de la isla.

Los vecinos consideran injusto este uso democrático (pero sólo peatonal) del puente, porque pagan un canon anual de 1.210 euros por la concesión hasta 2018 del terreno en el que se asienta, y afirman que lo financiaron ellos y "nunca fue expropiado". "Para no pagárnoslo, la Administración acordó darle un cambio de uso, en vez de expropiar", dicen. El puente costó "400 millones de pesetas", y para poder pagarlo, la primigenia Toralla, SA, promotora propietaria de la isla desde 1965, vendió disparada de precio una gran parcela sin edificar. La compradora, Promotur, SA, compensó el gasto levantando la que durante años fue la torre más alta de Vigo, el polémico edificio de Toralla, firmado por Bar Bóo y rematado por Pérez Bellas, de 20 pisos, 70 metros de altura y 135 viviendas.