Traballo desmiente al PP ante el juez y niega que UU AA desviase fondos
Cargos de la Xunta que declararon como imputados admiten que no hubo desvío de fondos en UU AA como acusó el PP - Sí constataron fallos en la cartelería
Del testimonio que prestaron ante la juez de instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, el director general de Reforma e Calidade Administrativa, Jaime Bouzada y su homólogo al frente del departamento de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, se deduce que la Xunta decidió abrir una investigación general a Unións Agrarias tras leer en los periódicos las denuncias lanzadas por distintos dirigentes del Partido Popular, como su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda y el secretario general, Alfonso Rueda.
Las declaraciones de dos altos cargos del Gobierno gallego en el juzgado el pasado 22 de febrero permiten concluir también que pese a no encontrar irregularidades relevantes en las primeras visitas que realizaron los funcionarios de Traballo a 13 asociaciones el 7 de junio de 2010, la Xunta decidió dar un paso más en la investigación e implicar a las consellerías de Presidencia y Facenda en la fiscalización de esos trece entes vinculados al sindicato agrario.
El Gobierno pasó de perseguir delitos del PSOE a medir anuncios de ayudas
Traballo apuntó como irregularidades aspectos que no regulaba la orden
Así lo ha admitido en su paso por el juzgado, adonde acudió como imputado tras una denuncia de Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo Andrés Hermida Trastoy, quien asumió como suya la idea de realizar visitas de comprobación a 13 entidades tras leer en la prensa las denuncias del PP. Hermida Trastoy reconoció que aunque son 800 las asociaciones que recibieron ayudas de su consellería para contratar desempleados, desde su llegada al cargo en 2009 solo investigó a estas 13 entidades puesto que "en ningún caso hubo una situación tan manifiesta de que pudiera haber ningún tipo de irregularidades". Aludió a titulares de El Correo Gallego, La Voz de Galicia y EL PAÍS que reproducían las acusaciones de Miranda y Rueda. Hermida Trastoy asumió como decisión propia esas primeras visitas, "no inspecciones", de comprobación, pero no la investigación posterior, que atribuye a su conselleira, Beatriz Mato.
Según su declaración, fue Mato la que firmó la orden de inspección el 14 de junio y reclamó para ello "por escrito" la colaboración de la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda, quien puso a su disposición a los inspectores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa que debutaron así en el control de las subvenciones. Qué encontraron los funcionarios de Traballo en esas sedes durante el 7 de junio para que la conselleira tomase la determinación una semana después de profundizar en la investigación en Unións Agrarias es algo que no dejó claro en el juzgado Hermida Trastoy.
Pese a que las graves acusaciones del PP que originaron este caso aludían a delitos como la financiación ilegal que Rodríguez Miranda y Rueda atribuyeron al PSOE o el fraude de fondos públicos que habría cometido, según su versión, Unións Agrarias y sus "organizaciones satélite", el informe de la Consellería de Traballo constata como "supuestas irregularidades" los siguientes datos: ocho trabajadores empleados por las asociaciones con las ayudas de la Xunta estaban ese día realizando tareas de campo en las explotaciones ganaderas (el cometido para el que fueron empleados), uno tenía vacaciones, otro estaba de baja y el décimo había pedido la baja voluntaria sin comunicarlo a la consellería. Los otros tres permanecían en su lugar de trabajo.
Las actas de Traballo que resumen esas primeras "visitas de comprobación" también reflejaron que algunos empleados trabajaban en oficinas distintas a la sede de la entidad que reclamó la subvención. Eso lo apuntó la consellería para sumar un nuevo elemento de sospecha pese a que la orden de concesión de las ayudas de los años fiscalizados no obligaba a que los contratados trabajasen físicamente en las sedes de los entes que las solicitaban, ni siquiera requería que las entidades dispusiesen de una sede propia.
La última de las constataciones que, según el informe interno de la Consellería de Traballo, llevó a su máxima responsable, Beatriz Mato, a ordenar la inspección fue "el tamaño de los carteles que debían anunciar el sistema de cofinanciación de las ayudas". En 10 de las 13 asociaciones, la señalización de los fondos de donde partía la subvención era defectuosa o directamente no existía.
De las graves imputaciones de Rodríguez Miranda al PSOE sobre supuesta financiación ilegal y fraude en el uso de fondos públicos, la Xunta había pasado ya a medir el tamaño de carteles anunciadores de ayudas por parte de 13 entidades vinculadas a Unións Agrarias. Sentado ante la juez, Hermida Trastoy admitió que esos indicios "pueden no ser muchos porque eso es valorable", pero fueron los que motivaron el inicio de una segunda fiscalización conjunta con la Consellería de Presidencia.
El responsable de Promoción de Emprego, que coordinó junto al responsable de Avaliación Administrativa la inspección, reconoció a la juez que tiene sobre la mesa desde hace año y medio las pruebas de que tanto Unións Agrarias como el resto de entidades habían utilizado los fondos de la Xunta para contratar a trabajadores desempleados. Así consta en la documentación oficial que recibió Traballo de cada entidad como justificación inicial de las ayudas y que incluía copias compulsadas de los contratos de trabajo y de las altas en la Seguridad Social. Hermida Trastoy confesó por último que el objeto de la subvención debe considerarse cumplido tan pronto como la Xunta tiene constancia de que las contrataciones de desempleados para las que se solicitaron los fondos fueron efectuadas.
Cuando fue interrogado por si esas no eran pruebas evidentes de que el desvío de fondos que denunciaba el PP -y que estaban en el origen de la investigación abierta por el Gobierno gallego- era imposible, Hermida Trastoy subrayó en dos ocasiones que él nunca había aludido al desvío de fondos. A la pregunta de qué buscaban concretamente en las inspecciones a Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo no supo responder.
Un único caso que llevó al PP a denunciar una red corrupta
La cúpula del PP creyó tener en sus manos una Gürtel del PSOE cuando, todavía desde la oposición, logró que María Isabel Blanco, una mujer empleada con cargo a las ayudas de la Xunta en 2007 por una entidad vinculada a Unións Agrarias, confesase que las últimas semanas de su contrato las pasó en Argentina haciendo propaganda para el PSOE de Muxía. Según el testimonio de esta mujer en distintos periódicos, que luego ratificó en una comisión de investigación parlamentaria, Félix Porto, quien entonces tenía cargo en el sindicato además de ser candidato socialista en Muxía, la envío a Buenos Aires a hacer campaña entre los emigrantes que votaban en su pueblo.
El caso todavía lo estudia un juez de Corcubión que mantiene imputado a Porto, alcalde de Muxía desde 2008. De vuelta en la Xunta, el PP hizo recuento del número de asociaciones vinculadas a Unións Agrarias que reciben ese tipo de ayudas y encontró entre más de 500 entidades a 26 organizaciones que el PP definió como "satélites" del sindicato. El hecho de que el PSOE fichase como secretario de organización a Pablo García, -que anteriormente ocupaba el mismo puesto en la central agraria- llevó a Rueda y a Miranda a concluir que García era el responsable de captación de agentes electorales para el PSOE. Y que era el conselleiro de Traballo del bipartito, Ricardo Varela, quien le proporcionaba los fondos con cargo a la Xunta.
Pesquisas sin resultado
Los populares sumaron todos los fondos que esas entidades habían recibido para realizar contrataciones -al igual que hacen cada año el resto de sindicatos, la patronal, ONG e incluso ayuntamientos y diputaciones- y concluyeron, así lo manifestó Miranda, que "el PSOE sacó por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para campañas electorales". Para imputar semejante delito, no aportó más prueba que el caso de María Isabel Blanco y unos cuantos datos inconexos. Es toda evidencia que los populares esgrimieron para abrir una causa general a Unións Agrarias.
Nueve meses después de que la Xunta abriera con gran aparato mediático una investigación -a raíz de leer las denuncias del PP en la prensa- y de que por primera vez desde que existe el Plan de Cooperación tres consellerías se implicasen en la fiscalización de las ayudas, el Gobierno gallego no ha hecho público el resultado de ninguna de las investigaciones, ni siquiera sobre el control financiero que la Intervención Xeral realizó solo sobre 13 de las 800 asociaciones que recibieron esta subvención.
Entidad jurídica propia
Pese a la debilidad de los indicios hallados en las primeras visitas de comprobación a las asociaciones subvencionadas, la Consellería de Traballo decidió abrir una inspección en toda regla, para lo que solicitó la colaboración de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia. Esta especie de departamento de asuntos internos de la Xunta a las órdenes de Alfonso Rueda cruzó por primera vez las puertas de la Administración para fiscalizar entes ajenos al Gobierno gallego.
Sus inspectores, junto a dos funcionarios de Traballo, interrogaron a ganaderos y presidentes de entidades (incluso de aquellas en las que no se había detectado ninguna incidencia), grabadora en mano, para elaborar un informe cuyos resultados todavía no ha facilitado el Gobierno gallego.
Según la declaración del director general de Promoción de Emprego y de su homólogo en Presidencia que coordinaron la investigación, las 13 asociaciones visitadas tienen personalidad jurídica propia, si bien una de ellas, Aselaga, está más relacionada con Unións Agrarias.
