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Reportaje:

Tranquilos ante un "imposible"

En el puerto de Marín ven poco probable que se desmonte el relleno ilegal

Pablo Linde

Un empleado del puerto de Marín señala una gigantesca nave: "Mira eso. ¿Tú crees que lo van a tirar? ¿Dónde van a volver a levantarlo? Ahí trabajamos más de 200 personas. Es imposible". Así responde a la pregunta sobre si él y sus compañeros están preocupados tras conocer una sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal más de 300.000 metros cuadrados de relleno, donde se asienta, entre otros, el edificio en el que trabaja.

Son tres las empresas que están en la zona que supuestamente tendrá que ser desmontada. Gonvarri Galicia, que trata el acero; Pérez Torres Marítima, responsable de los contenedores y las grúas, y Cabomar, una manufacturera de pescado. El trabajador que señalaba la nave era de esta última. Como todos los empleados de la zona consultados que conocían algo sobre la sentencia, estaba "muy tranquilo" sobre su futuro y convencido de que no se podrá quitar de en medio semejante superficie.

"El daño ecológico está hecho. El económico sería tremendo"

Una compañera suya, que como los demás prefiere omitir su nombre, fumaba un cigarro en la puerta de la nave: "Si siempre se ha sabido que esto es ilegal. ¿Por qué iban a hacer algo ahora? Sentencias hay muchas. Y casas declaradas ilegales que siguen en pie sin dar trabajo a tanta gente, también".

La misma indiferencia se respira en otras empresas. "Estamos muy tranquilos por varias razones: en primer lugar es imposible echar todo esto abajo; si se hizo daño ecológico no tiene vuelta atrás. Y en segundo, el impacto económico sería tremendo. No sólo para los más de 300 trabajadores que estamos aquí, sino para toda la ciudad. Esto mueve muchísimo dinero", dice una empleada de Gonvarri desde hace más de cinco años, los que lleva le empresa sobre el relleno ilegal.

Quienes no quieren decir nada son sus jefes. Lo tienen puesto en manos del servicio jurídico, según dicen en la empresa. Los responsables de las otras dos estuvieron "ilocalizables" o "reunidos" durante todo el día de ayer.

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En el otro lado, en Placeres, cuyos vecinos presentaron la demanda que dio pie a la declaración de ilegalidad del relleno, tampoco tienen muchas esperanzas. Esta pequeña población quedó atravesada por las vías de los trenes de mercancías que comunican la estación de Pontevedra con el puerto. Cada mañana, a las siete y las ocho de la mañana, sus habitantes se despiertan con el ruido de las locomotoras.

Pero algunos ven difícil volver a la tranquilidad que reinaba hace unos años. "Es imposible destruir todo eso", dice una vecina refiriéndose a la superficie ilegal de 300.000 metros cuadrados. Muestra unas enormes fotos que hay en el restaurante Loila donde se puede ver el mar rodeando la iglesia. Ahora, en vez de agua, está cercada por una autovía y unas vías del tren que pasan a apenas 20 metros, justo por en medio de una plaza. "Pues sí que nos toca las narices tener todo esto ahí. No sólo por el ruido, sino también por el peligro del tren y el paso a nivel, pero casi estamos acostumbrados", lamenta otra vecina.

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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