El Tribunal Superior amplía las imputaciones en el 'caso Hernández'
El juez rechaza cerrar la causa y ve "indicios de criminalidad" en la actuación de otro técnico de la Diputación de Pontevedra y de un cargo de la constructora
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial. En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción. También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez González, director técnico de Sercoysa, adjudicataria de la obra. El tribunal toma esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su actuación en este caso.
Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoysa, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución.
Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a subrayar que respeta la decisión judicial.Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima confianza del presidente y que dirige tres carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro.
El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno.
Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Traballo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra.
"Ajustadas a Derecho"
Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus adjudicaciónes "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin empezar la infraestructura.
El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas.
