Vecinos de O Pino denuncian al alcalde por delito urbanístico
El condescendiente trato administrativo que el Ayuntamiento de O Pino, gobernado por el PP, ha dispensado durante estos últimos años a la promotora Fadesa ha vuelto a sentar a su alcalde, Manuel Taboada, ante los tribunales. La agrupación de propietarios de terrenos afectados por el polémico parque empresarial que la inmobiliaria proyecta en este ayuntamiento coruñés y paralizado por la Justicia, ha presentado dos denuncias más por la vía penal contra el regidor popular.
En la primera, los vecinos acusan a Taboada de hacer la vista gorda sobre la construcción en suelo rústico de unas oficinas de hormigón y cristal que Fadesa utilizaba para atender a sus clientes. Los hechos parten de 2007, cuando comenzaron los movimientos de tierras para obrar sobre un suelo clasificado como rústico. Los particulares sostienen ahora que, pese a sus denuncias de entonces, el gobierno local no hizo nada para frenar los trabajos y que, una vez concluidas las oficinas, tampoco acordó medida alguna a "restaurar la legalidad urbanística infringida". En la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Arzúa, los vecinos acusan al alcalde de un "delito urbanístico y de omisión del deber de perseguir el mismo".
Acusan al regidor de permitir unas oficias de Fadesa en suelo rústico
La segunda de las denuncias también se centra en las relaciones de Fadesa y el regidor al que atribuye un doble "delito de prevaricación y falsedad documental". Esta querella, que ya está en poder del juez, se fija en la convalidación mediante decreto municipal de una serie de compraventas de tierras entre la inmobiliaria y un grupo de vecinos. El escrito llama la atención sobre las fechas de los actos administrativos de la alcaldía. Revela que, pese a que Fadesa empezó a comprar las fincas muchos meses antes de presentar el proyecto de expropiación, el alcalde ratificó los contratos en presencia de su secretaria, casi dos años y medio después. Los demandantes señalan a su vez que treinta de las compraventas de terrenos, documentadas en papel timbrado del Ayuntamiento de O Pino como "convenios de adquisición por mutuo acuerdo" se llevaron a cabo antes de que se firmase el contrato de adjudicación a Fadesa. Según la demanda, dos de las fincas, las de mayor extensión, que suman casi 40.000 metros cuadrados "están fuera del ámbito" del parque empresarial.
Las denuncias entre un grupo de propietarios de tierras y el alcalde de O Pino comenzaron poco después de que Manuel Taboada recomendase por carta a los dueños de las tierras vender a la promotora Fadesa a cinco euros el metro cuadrado, una cantidad tres veces menor a la que fijó después el Jurado de Expropiaciones que tasó las fincas en 17,95 euros, el metro cuadrado.
