Vicepresidencia expulsa del Consorcio a 8 ayuntamientos por criticar el organismo

El convenio de adhesión de ocho ayuntamientos del PP al Consorcio Galego de Servizos Sociais, de la Vicepresidencia de la Xunta, es papel mojado. El vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, los ha expulsado del organismo que gestiona la red gallega de las galescolas una semana después de que firmaran su integración, debido a las declaraciones de siete de esos alcaldes en las que comparaban el Consorcio con la mafia siciliana.

"A la vista de tu valoración, te considero desvinculado del acuerdo firmado el pasado día 29", explica Quintana en una carta remitida a los alcaldes populares, que dos días después de firmar el convenio con Vicepresidencia, acusaron a Quintana de "chantajear" a los ayuntamientos para que se sumen al Consorcio, con la amenaza de "asfixiarlos económicamente" en caso de no firmar. La expulsión implica también a Vilamartín de Valdeorras, pese a que su alcalde no participó de las críticas.

Además del de Vilamartín, recibieron la carta los regidores de Antas de Ulla, Lousame, As Neves, Muiños, O Pino, O Rosal y Riós. Quintana comienza: "Leo con desagrado y sorpresa en varios medios de comunicación las valoraciones vertidas por ti al respecto del convenio que tuvimos a bien de firmar". El vicepresidente tacha de "insultantes" las afirmaciones de los alcaldes y les afea su falta de "lealtad" y "sentido institucional".

Al considerar que el convenio firmado queda "sin efecto", el vicepresidente y líder del BNG anuncia su intención de continuar la relación con los ayuntamientos a través de subvenciones "con base a los créditos disponibles". "Al ser órdenes de subvención regladas, no te puedo garantizar cuál será la transferencia anual a percibir por tu ayuntamiento", les advierte.

El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, tachó de "intolerable" y de dudosa legalidad la actitud de Quintana. El presidente del partido en Lugo, Xosé Manuel Barreiro, consideró la carta una prueba del "chantaje" que denunciaron los alcaldes, informa Arcadio Silvosa.