Vilaboa pide que se legalice la casa de la ex conselleira de Pesca
El alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, solicitará hoy una entrevista con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, para plantearle una solución legal a los núcleos tradicionales de población del municpio situados a menos de 100 metros del mar. En uno de ellos se sitúa la casa de la ex conselleira de Pesca, la también socialista Carmen Gallego, a la que la Xunta ha iniciado los trámites de derribo tras varias sentencias judiciales que la declararon ilegal. En el mismo caso que esa vivienda se encuentran otras "50 ó 60", según el alcalde, que, sin embargo, no están amenazadas de demolición ya que nadie las denunció.
Poceiro explicó a este diario que los portavoces del BNG y del PP, los otros dos grupos representados en la corporación, le han dado su respaldo al intento de buscar una solución negociada con la Xunta. De hecho, según el alcalde, esos núcleos tradicionales de población ya quedarían legalizados en el proyecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal. El documento, sin embargo, está paralizado ya que entra en contradicción con el Plan del Litoral de la Xunta, al que el Ayuntamiento de Vilaboa ha presentado unas 200 alegaciones.
Defensa de la costa
"Nosotros estamos a favor de defender la costa y de que se cumpla la ley, y más en el caso de las personas que ocupamos cargos públicos", indicó Poceiro. "Pero estamos hablando de núcleos tradicionales de población. Y, además, tenemos la conciencia muy tranquila, porque desde que comenzamos a gobernar el BNG y el PSOE, en 1999, no hemos autorizado ninguna construcción en el litoral".
La casa de Carmen Gallego -que ya no vive en ella- y de su ex marido, Enrique López Patricio, es la única amenazada de demolición porque fue también la única que denunció ante la justicia la asociación Salvemos Pontevedra. Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Superior de Galicia ordenó su derribo y, posteriormente, el Supremo rechazó, por una cuestión formal, el recurso de casación que habían presentado los propietarios. Hace unos días, la Xunta comunicó el inicio de los trámites para llevar a efecto la orden de derribo. El Ayuntamiento de Vilaboa ya negoció en su día con el Gobierno central la posible legalización de los núcleos tradicionales, pero Costas concluyó que no tenía encaje jurídico.
