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La Xunta abre la puerta a mantener la ubicación de Ence después de 2018

Medio Ambiente no descarta "una nueva reflexión" sobre el fin de la concesión

La teoría dice que Ence deberá abandonar la ría de Pontevedra como muy tarde en 2018. Ese año caduca la concesión administrativa para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre, de modo que todos los intentos de adelantar el traslado de la fábrica de Lourizán jugaron con ese límite temporal al que le restan ya sólo siete años. Pero la papelera no lo tiene tan claro. Tanto es así, que Ence presentó una alegación a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), coordinadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en las que rechaza que se presuponga su desalojo en 2018. La Xunta ha desestimado la petición de la empresa, pero en unos términos que abren la puerta a la prórroga de la fábrica de papel en la ría pontevedresa.

El aplazamiento del permiso no depende de la Xunta, sino del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, titular de los terrenos. Ese era precisamente uno de los argumentos principales de la alegación, en la que se pedía eliminar las alusiones a "la salida de Ence prevista para 2018" contempladas en las Directrices de Ordenación Territorial. Según fuentes empresariales, se trataba de evitar que este documento, que entrará en vigor en las próximas semanas, prejuzgara el traslado de la fábrica. Y aunque la alegación ha sido rechazada, la respuesta de la Xunta matiza que esas referencias se realizan "sin prejuicio de que en un futuro, y atendiendo a la gestión dinámica contemplada en las DOT, se pueda inducir una nueva reflexión al respecto".

El rechazo de la alegación se convierte así en un beneplácito a los argumentos de Ence, que precisamente pretendía que la Xunta no diera como indiscutible el plazo de 2018. Fuentes de la compañía consideraron de hecho satisfactoria la respuesta de la consellería que dirige Agustín Hernández. En su alegación, la compañía reclamaba que no se considerase el desalojo como una cuestión "obligatoria e irremediable".

La exposición de motivos de la alegación sirve de anticipo de las razones que puede esgrimir Ence para permanecer en Lourizán. Así, sostiene que no se puede considerar que su emplazamiento esté "junto al mar", dadas las ampliaciones realizadas en la zona. "No puede desconocerse la importante transformación física que han sufrido los terrenos que ocupa Ence desde 1985, fecha en que se otorgó la concesión", sostiene. Se trata de una modificación, por lo demás, "por hechos ajenos" a la factoría, como la construcción de la autovía que la separa del mar. "Aun cuando sigan formalmente siendo terrenos de dominio público marítimo terrestre, materialmente no lo son", expone.

También apela Ence al carácter estatal que tuvo la empresa "hasta hace escasos años", por lo que la propietaria de la fábrica de papel era la misma que la de los terrenos de dominio público en los que está ubicada. Con estos razonamientos, Ence avanza la posibilidad de que, más allá de 2018, se proceda a la "desafectación" de los terrenos que ocupa por la Administración titular, lo que significa su transformación en dominio público ordinario o en bien patrimonial del Estado. Esa posibilidad, según Ence, se puede aplicar a terrenos deslindados que, "por cualquier causa, hayan perdido sus características de playa, acantilado o zona marítimo terrestre".

Si se contemplaran estos criterios, a los terrenos ya no se les aplicaría la Ley de Costas, "y por tanto, tampoco las limitaciones en dicha ley previstas a partir del año 2018", sostienen los servicios jurídicos de Ence. En el caso concreto de Lourizán, el suelo "ha perdido sus características naturales", por lo que se considera que la desafectación sería "viable".

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No al adelanto de plazos

La presentada por Ence no era la única alegación formulada a las Directrices de Ordenación del Territorio que tiene que ver con la fábrica de Lourizán. En términos muy distintos a la de la compañía, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) también presentó una impugnación a las directrices territoriales. En este caso, para reclamar que no se puede aguardar hasta el año 2018 para recuperar la ría, por lo que insta al cierre tanto de Ence como de Elnosa. La alegación ha sido igualmente desestimada por la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Pese a los muy distintos criterios de Ence y de Defensa da Ría, las dos alegaciones coinciden en un argumento: en que la declaración de supramunicipalidad acordada por el último Gobierno de Manuel Fraga, en 2003, avala la posibilidad de permanecer en Lourizán más allá de 2018. Según APDR, "queda abierta la puerta a la continuidad" de Ence y también de Elnosa después de esa fecha, "e incluso la posibilidad de que nuevas industrias ocupen el lugar" en el que ahora se extienden ambas factorías, "lo que impediría llevar adelante la recuperación de la ría". Según Ence, mientras, esa declaración fue "una apuesta decidida" por la industrialización y el fomento del empleo.

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