La Xunta acredita para identificar al ganado a firmas implicadas en fraudes
Una está condenada por intrusismo y dos procesadas por el caso de la leche negra
Tres de las entidades que la Consellería de Medio Rural ha autorizado para identificar el ganado bovino, ovino y caprino, tras el despido de los 112 veterinarios que realizaban esa labor, están implicadas, y condenadas en uno de los casos, por fraude. La Cooperativa La Arzuana, con domicilio social en el muncipio coruñés, aparece procesada por su supuesta implicación en una red de 18 sociedades dedicadas a comercializar leche de manera fraudulenta para eludir el pago de impuestos.
Miembros del Consejo Rector de la sociedad tuvieron que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional por su relación con el fraude fiscal, que se estima en más de 96 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción venía investigando la estafa desde 2004 y en 2006 presentó una querella ante la Audiencia Nacional por considerar a las cooperativas "cooperadores necesarios" y "responsables civiles subsidiarios" de una trama que entre 2001 y 2003 creó sociedades fantasma para comercializar la leche que excedía las cuotas asignadas a cada ganadero y que, como consecuencia, estaría sometida al pago de la supertasa láctea, una multa de castigo por los litros producidos de más.
La Arzuana forma parte de Alimentos Lácteos, que compró la planta de Pascual
La Arzuana, autorizada por Medio Rural para identificar el ganado en las cuatro provincias, participa en Alimentos Lácteos S.A, la firma bajo la que se agrupan las cooperativas compradoras de la planta de Pascual en Outeiro de Rei (Lugo). El Insituto Galego de Promoción Económica (Igape) concedió en junio de 2010 un aval de 1,6 millones de euros a este grupo de cooperativas para financiar la factoría. Además de La Arzuana, está implicada en la red fraudulenta la cooperativa Gancobre de A Pastoriza, también registrada como entidad identificadora por Medio Rural, en este caso para los municipios de A Terra Chá. Junto a estas dos sociedades participantes en Alimentos Lácteos, aparecen procesadas Perpetuo, también de Arzúa, y Mopan, de Monterroso.
Otra entidad identificadora, la clínica Arsovet, autorizada a operar en nueve municipios de A Coruña, Lugo y Pontevedra, fue condenada en agosto de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña por intrusismo laboral. David Furelos Codesido, el administrador, y Enrique Rodriguez Raviña, realizaron actos veterinarios sin estar en posesión del título. Un tercer procesado fue absuelto un año después tras plantear un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que un año después, en 2009, confirmó la sentencia de Furelos y Raviña, a los que condenó a pagar 1.600 euros cada uno por intrusismo profesional. Según diversos testigos, entre ellos dos trabajadores de su propia empresa, veterinarios de la zona y varios ganaderos, Furelos y Rodríguez Raviña "realizaron en diversas explotaciones actos propios de la profesión de veterinario, como inseminaciones artificiales y controles reproductivos". Fue el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña el que denunció las prácticas de esta clínica en los muncipios de Arzúa, Touro y Boqueixón.
La sentencia indica, además, que Furelos y Raviña realizaron, en 2003 y 2004, "prescripción y aplicación de medicamentos y asistencia a partos". Ninguno de los condenados aparecen en la actualidad como responsables de la clínica. En septiembre de 2010, David Furelos, administrador durante los años en los que se produjeron los hechos, abandonó el cargo. Meses antes, en febrero, desaparecía Agrícola Veterinaria, una sociedad límitada de la que los tres condenados eran socios.
Desde principios de diciembre, cuando entró en vigor el decreto que autoriza a operar a las entidades identificadoras, se han registrado 65 empresas, la mayoría cooperativas de ganaderos, asociaciones de desarrollo rural y clínicas veterinarias. En su mayor parte operan en sus propios municipios o, en todo caso, en los de su comarca.
Decisión "irresponsable"
Arbitraria e irresponsable. Así califican los veterinarios de la Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos (Seaga) la decisión de la Dirección Xeral de Relacións Laborais de autorizar el ERE que deja en la calle a 112 veterinarios de la empresa pública. Traballo justifica al despido de los empleados -encargados de identificar al ganado en las explotaciones- por razones productivas, pero descarta que la empresa no sea económicamente viable. La resolución comunicada ayer a los trabajadores vincula la pérdida de funciones de los veterinarios a la entrada en vigor de un decreto que desplaza la tarea de identificación animal a los propietarios de las explotaciones o a entidades privadas.
"El Gobierno actuó en todo momento con auténtica mala fe negociadora, sin ninguna voluntad de diálogo y únicamente con la firme determinación de acabar con el sistema vigente de identificación animal", denuncian los afectados. Los veterinarios aluden también a los informes de las cuatro Inspecciones de Trabajo, contrarios al ERE, que los despedidos califican de "ilegal". La semana que viene presentarán un recurso de alzada contra la resolución. De no ser favorable, anuncian, acudirán a la vía judicial.
