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La Xunta alega que los centros para enfermos de sida tienen un alto coste

La falta de ayudas ha dejado a dos casas de acogida al borde del cierre

Pablo Linde

La proporción entre "el coste y el beneficio social" de la casa de acogida de enfermos de sida en Ourense resulta "muy alta". Es uno de los motivos que alegó ayer en el Parlamento la secretaria general de Familia e Benestar, Susana López Abella, para que la Xunta haya rebajado las ayudas que concede a este centro, que atiende a ocho personas con riesgo de exclusión y se quedó al borde del cierre por falta de fondos. La casa, gestionada por la ONG Comité Antisida de Ourense, sigue abierta gracias a una línea de crédito. Uno de sus portavoces, Agustín González, asegura que la mantienen porque el pasado diciembre recibieron la promesa de la propia López Abella de que el año que viene recibirán el dinero suficiente para mantenerla abierta. "Pero tras la intervención de ayer, no sabemos qué pensar".

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Hasta hace un par de años, la casa de Ourense, recibía de la Xunta 55 euros por persona y día. La Consellería de Benestar bajó la asignación de una tacada un 22% el año pasado. Ya entonces tuvieron que pedir un préstamo. Para este año, la subvención volvió a caer otro 25%. Algo parecido sucede en el centro de Vigo. 15 enfermos de sida corren el riesgo de quedarse sin lugar donde vivir por un recorte de unos 130.000 euros.

Sin mencionar la supuesta promesa de volver a subir las ayudas, la secretaria de Familia e Benestar explicó que para recortar los aportes, "se tuvieron en cuenta informes elaborados por los servicios de inspección en mayo de 2008 y marzo de 2009". Estos documentos, según dijo, exponían que la "proporción entre coste y beneficio social es muy elevado", y que el centro de acogida de Ourense -al que se refería la pregunta parlamentaria que López Abella respondió ayer- "debería contemplar un mecanismo para equiparar el coste con el beneficio social". Además, añadió que en una fecha más reciente se requirió a la entidad que notificara altas y bajas de usuarios, "algo de lo que no informó durante muchos años".A pesar de esto, recalcó que esta institución hace "una magnífica labor", aunque justificó que "al ser una entidad publica sujeta a subvenciones, debe cumplir la de ley de servicios sociales; están obligados a someterse a inspecciones y a cumplir con sus requerimientos".

El diputado socialista Pablo López Vidal, a cuya iniciativa respondió la secretaria general, afirmó que "la moqueta del coche oficial le hace perder corazón a la gente". "¿Cómo puede hablar de 113.000 euros, de normas, de que las casas hacen labor encomiable si después las cuestiona? Ustedes lo que hacen es desmantelar el Estado del bienestar pasito a pasito, empezando por los más desfavorecidos, los que menos protestan. Ponen en cuestión esta entidad emblemática y les dan dinero a otras ¿Por qué? ¿Porque le dan a los pacientes la comunión, porque les hacen ir a misa?", preguntó.

López Abella argumentó que cada vez concurren más organizaciones y que hay que repartir el dinero entre todas ellas. "Resulta importante destacar que es muy difícil que se pueda acceder a las pretensiones de todas las entidades solicitantes. Deben poner especial empeño en diversificar las fuentes de financiación", añadió.

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El diputado socialista mencionó las circunstancias de los usuarios para defender que se mantengan las ayudas al centro. "Hay ocho personas, cuatro de ellas sin ayuda familiar y otros que apenas la tienen. A uno concretamente lo tienen en un remolque tirado en la calle. En casa tienen platos y vasos al margen de toda la familia. Eso sigue ocurriendo en Ourense y otros sitios", explicó.

Una de las funciones de la casa para enfermos de sida es acoger a excarcelados que salen de prisión por la gravedad de su estado y que solo pueden quedar libres si tienen sitio a donde ir. Este fue otro de los argumentos de López Abella. También dio cifras: "Al Comité Antisida de Ourense, el anterior Gobierno le daba 160.000 euros por año porque necesita 55 euros diarios por plaza, frente a los entre 150 y 200 que cuesta en prisión, o los 300 en un hospital. El personal que está allí cobra 900 euros al mes y trabaja 40 o 50 horas semanales".

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Sobre la firma

Pablo Linde
Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en Andalucía.

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