La Xunta apela al 'caso Campeón' para justificar la parálisis del AVE

Hernández: "Nosotros no adjudicamos en funciones y no nos investigaba el Supremo"

Pontevedra - 07 dic 2011 - 07:00CET

Tras pasarse los últimos meses poniendo en cuestión el compromiso del Ministerio de Fomento con los plazos para la ejecución de las obras del AVE a Galicia, la Xunta ha reaccionado con paciente comprensión a la exigencia del PP al Gobierno para que congele todas las licitaciones y adjudicaciones en tanto no se complete el traspaso de poderes. "Es lo lógico y normal", manifestó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se muestra ahora partidario de la doctrina según la cual los Gobiernos en funciones deben frenar tramitaciones de obras. El conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, fue más allá y utilizó veladamente la implicación de José Blanco en el caso Campeón para justificar que el proceso quede en suspenso. Hernández se ha pasado buena parte de los dos años que lleva en el cargo imputado por certificar el fin de una obra recién empezada. El archivo definitivo de esta acusación se hizo público el lunes.

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"No se ha paralizado absolutamente nada. Lo que hay es un gobierno que se va y lo lógico es que las adjudicaciones que no están cerradas las deje para el próximo gobierno", declaró Feijóo en Madrid tras asistir a los actos del Día de la Constitución. El presidente de la Xunta insistió en que "todo sigue conforme a lo previsto" y que el AVE será para Rajoy "una prioridad" de gobierno. Hernández, por su parte, apeló a la falta de cobro de las obras en ejecución. "Las obras recogidas en el Pacto do Obradoiro

[suscrito en 2009 entre Xunta y Fomento para terminar la conexión del AVE a Galicia en 2015] están en este momento sin pagar y la mayor parte de obras del AVE puestas en servicio en Galicia también, y en todo caso es normal que un Gobierno en funciones no adjudique", adujo, para a continuación responsabilizar a Blanco, sin mencionarlo. "Cuando nosotros dejamos la Xunta en 2005 no adjudicamos carreteras, y quiero subrayar que entonces tampoco estábamos bajo ningún expediente ni imputación del Tribunal Supremo".

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Tras perder el PP las elecciones autonómicas de 2005, la Consellería de Política Territorial que entonces dirigía Feijóo y en la que Hernández era director general de Obras Públicas, resolvió numerosos contratos cuando se encontraba en funciones. El 8 de julio, por ejemplo, 19 días después de las elecciones que dieron la mayoría a PSOE y BNG, el entonces secretario general de Política Territorial, José Antonio Fernández -que ahora ocupa el mismo cargo con Hernández en el departamento de Infraestructuras- firmó en nombre del conselleiro la adjudicación de 17 contratos por un valor total de más de 90 millones de euros. Entre ellos figuraban dos tramos de la autovía que enlaza Sarria con la A-6 y una conexión para As Pontes con la autovía Ferrol-Vilalba. La lista completa puede consultarse en el Diario Oficial de Galicia del 11 de agosto de 2005. Cuatro días antes de la toma de posesión del bipartito, el 29 de julio, el departamento de Feijóo y Hernández adjudicó la urbanización de una carretera en el municipio de Cangas por 530.112 euros a la empresa Sercoysa, por la que el actual conselleiro ficharía, tras abandonar la Xunta, en octubre de ese mismo año.

Las acusaciones de falta de pago en lo que respecta al AVE han sucedido en los discursos de los cargos del PP en Galicia a las previas sobre falta de adjudicación, que a su vez habían seguido a las críticas cuando los trabajos no se habían licitado. El PP, que a cada paso administrativo exigía sin solución de continuidad la ejecución del siguiente, entiende ahora que el retraso que supondría la suspensión de las adjudicaciones y licitaciones previstas por Fomento hasta que los populares entren en el Gobierno no supone problema alguno ni retrasará la llegada del AVE a Galicia. Las obras licitadas pendientes de adjudicación suman 1.000 millones de euros, que se suman a los 1.400 que supondrían las licitaciones previstas para finales de año y principio de 2012.

"Que se disculpen por las calumnias"

Tras dos años de periplo judicial, el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, se vio liberado definitivamente el lunes de las imputaciones de fraude documental por certificar el final de una obra que apenas había comenzado en su época de director de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. El conselleiro cargó ayer contra el PSOE. "Sus dirigentes, que no dudaron en plantear una denuncia falsa y alargar un proceso a sabiendas de que no respondía a la realidad, únicamente con el objetivo de desgastar a un gobierno, ahora callan".

Hernández soslayó en su contraataque que la fiscalía del Tribunal Supremo apoyó el recurso del PSOE al archivo previo de la causa, que había sido decretado por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). El Supremo no entra tampoco en el fondo de la cuestión, que rechaza enjuiciar porque argumenta que "no es recurrible en casación". El cierre del caso supone, según el PP, la confirmación de que la actuación no solo no fue delictiva, sino que fue adecuada. "La justicia dijo que se actuó en defensa del interés público. Me alegro por mí, pero especialmente por los técnicos de la Diputación, que se vieron involucrados en este lamentable incidente". Después apeló a Galicia y a la necesidad de que los dirigentes del PSOE en la comunidad "hagan propuestas y no se dediquen a hacer falsas imputaciones".

La certificación en falso, que existió, fue asumida por un técnico de la Diputación, y se justificó en la necesidad de acreditarla para no perder una subvención del Gobierno central. El TSXG había asumido este argumento, y señalaba en el auto de archivo ahora confirmado que lo que se buscaba era "que una obra pública no se frustrara", sino que se llevase a término "con el indudable beneficio que ello entraña para la comunidad y sin detrimento alguno de las arcas públicas".

La fiscalía del Supremo, por el contrario, apreciaba que Hernández o bien había sido negligente, o bien había firmado la certificación siendo consciente de su falsedad. En un comunicado, el PP acusa a los socialistas de "calumniar y difamar sin sentido" y exige a su líder, Pachi Vázquez, que pida disculpas. "Si tuviera la más mínima decencia política habría telefoneado al conselleiro de Medio Ambiente para disculparse por las calumnias proferidas contra él desde mayo de 2009".