La Xunta confirma la sanción a la constructora de Telmo Martín
Multa con 3,7 millones a Construcuatro por sobreprecios en pisos protegidos
El Instituto Galego de Vivenda en Solo (IGVS) ha confirmado la sanción de 3,7 millones de euros a la empresa Construcuatro por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas en una promoción en Vigo durante 2006 y 2007. La resolución ratifica su propuesta de sanción de noviembre y rechaza todas las alegaciones de Construcuatro. El IGVS impone la multa mínima para la infracción, calificada como muy grave en la ley gallega de vivienda, y declara responsables solidarios a dos de los socios de la empresa, José Manuel Torres y Eugenio Sobral, hermano del alcalde de Poio. No menciona, en cambio, al tercer socio de la empresa, el ex regidor de Sanxenxo y actual candidato popular a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín.
La resolución cita a sus dos socios pero no al candidato del PP en Pontevedra
El abogado de Construcuatro siguió la línea que ha defendido Martín desde el principio respecto a este caso, según la cual los sobrecostes no eran tales, sino "mejoras" pactadas con los compradores. La resolución no admite el matiz y aplica el artículo 54.1 de la Ley de Vivenda de Galicia, según el cual es una infracción muy grave "la percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa que sobrepase los precios máximos establecidos en la legislación". Todo ello en sintonía, además, con el Plan Estatal de Vivienda vigente en el momento de los cobros y el decreto autonómico que los complementaba.
En las alegaciones también intentaron los sancionados echar abajo el expediente por defectos de forma, como una supuesta dilación excesiva para resolver el caso o una pretendida indefensión de los investigados. La empresa trató de evitar que la responsabilidad se extendiese indistintamente a la sociedad y a los dos administradores, con el argumento de que el expediente iba dirigido exclusivamente a Construcuatro. Sin éxito, ya que el instructor rechaza todas sus pretensiones.
El abogado de los afectados, Antonio Salceda, señala la importancia de la sentencia judicial que precedió al actual expediente administrativo. Si bien aquella excluyó la responsabilidad penal de los administradores, declaró probados los sobreprecios. Así lo indica el informe pericial, aportado con posterioridad al expediente administrativo, que entonces constató que Torres firmó 42 de estos contratos y Sobral, cinco. Salceda pidió también que Martín fuese declarado responsable solidario, porque si bien su firma no figura en estos contratos, los administradores declararon en su momento en el juzgado que estaba al corriente de las prácticas ilegales. La resolución del IGVS, ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no se pronuncia al respecto.
Fija una sanción de 3,7 millones de euros, resultado de la suma de la multa administrativa -2.470.000 euros- y el importe de los sobreprecios cobrados, que asciende a 1.235.000. La ley obliga también a la devolución de los intereses legales. Construcuatro cobró de más en 62 viviendas, en pagos a compradores que fueron desde 9.000 euros hasta algo más de 30.000, según el caso.
El instructor, José Luis Díez Yáñez, no menciona al dirigente del PP pontevedrés. Díez, nombrado por el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, como jefe territorial de la Consellería en Pontevedra, es un viejo conocido de Martín. Con él tuvo trato en 2006 como apoderado de una inmobiliaria que firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Sanxenxo por el cual este recibiría 4,8 millones de euros y la empresa quedaba liberada de construir vivienda social en una promoción de más de 1.300 viviendas junto a un campo de golf. A las dos semanas de la firma, Martín dejó la alcaldía. El negocio no llegó finalmente a buen puerto y Yáñez exigió después judicialmente al Ayuntamiento que le devolviese el dinero a la sociedad.
La resolución del IGVS, fechada el 26 de enero de 2011, fija un plazo de un mes para su recurso, que de presentarse deberá resolver el conselleiro Hernández. Este aseguró el pasado diciembre en el Parlamento que el expediente, abierto inicialmente durante el bipartito por la Consellería de Vivenda dirigida por Teresa Táboas, respondió a un caso "político manipulado por los responsables políticos de la consellería" durante aquella época.
