La Xunta da vía libre a ocupar cabo Touriñán con una gran piscifactoría

Fue la retirada de las tropas de Irak del bipartito, que nada más llegar al poder quiso abrazar la bandera de la ecología. El Gobierno de Touriño vetó entonces la instalación de una planta acuícola, 357.000 metros cuadrados en cabo Touriñán, que una filial de Pescanova pretendía instalar con el permiso de la Xunta en este paraje virgen de la Costa da Morte incluido en la Red Natura.

La herencia partía del plan acuícola que el último Ejecutivo de Fraga aprobó ya en funciones. En cuanto supo del veto, la multinacional emprendió un litigio judicial contra el Gobierno gallego y amenazó con instalar su planta en Portugal, finalmente en Mira.

Cuatro años más tarde, otro Gobierno del PP vuelve a alfombrar el camino administrativo a Pescanova para que retome su polémico proyecto en la Costa da Morte. Se apoya sobre una primera sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que observó un defecto de forma en la prohibición del bipartito.

Lo que ayer aprobó el Consello da Xunta es un informe previo que revela los planes de Feijóo en acuicultura. El departamento de Mar retoma Touriñán y mantiene 19 de las 23 granjas marinas que proyectó la anterior Consellería de Pesca. De la lista se caen, "por impacto medioambiental", según advirtió el presidente, las piscifactorías de Merexo en Muxía, Seiruga en Malpica, Xandriña en Camariñas, y Laxe Brava en el entorno del parque natural de Corrubedo.Dos potenciales emplazamientos en un mismo pueblo evidencian los criterios del nuevo Gobierno de Feijóo para autorizar piscifactorías y prueban que la Red Natura no guia ya las actuaciones de la Xunta. Ambos enclaves están en Muxía. El primero de ellos, Merexo, donde ya hay ubicada una planta de 137.000 metros cuadrados, no invade ningún espacio protegido. Su ampliación la proyectó la Xunta de Fraga en su plan acuícola y la mantuvo el bipartito. La nueva Consellería de Mar de Rosa Quintana, alto cargo en Pesca con el último Gobierno del PP, veta ahora esa ubicación, a la que se opusieron con dureza algunas asociaciones de vecinos.

A un par de kilómetros de allí, en cabo Touriñán, espacio protegido por la Red Natura, la Xunta da vía libre a Pescanova para ubicar allí una granja de 357.000 metros cuadrados. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, lo justificó con este argumento: "Entendemos que [las cuatro plantas desautorizadas, entre ellas Merexo] suponen un impacto medioambiental, en la población, en las casas habitadas, en zonas de cultivo y en la vida ordinaria de los ciudadanos".

¿No afecta ese mismo impacto medioambiental a Touriñán? Feijóo respondió que no. Apeló a dos informes realizados por el Gobierno de España y de la Xunta y subrayó que su Ejecutivo protege "la vida y no decisiones políticas para quedar bien con determinados sectores". Lamentó el presidente de la Xunta, la decisión de sus antecesores que puede suponer un riesgo de "más de 30 millones de euros" para las arcas de la Administración, si la Justicia da la razón y ordena indemnizar a Pescanova. Feijóo subrayó, no obstante, que su gabinete seguirá litigando en los tribunales para evitar el pago de la indemnización. Fuentes de la empresa saludaron el cambio de opinión del Gobierno gallego y recordaron que la opción de Touriñán sigue en estudio, informa María Fernández.

Al presentar las líneas maestras para acuicultura que el presidente espera concretar antes de que comience la World Fishing Exhibition en Vigo, calculó que las veinte plantas acuícolas autorizadas -en caso de que se construyan- supondrían "una inversión de 350 millones de euros para generar 1.500 puestos de trabajo, entre directos e indirectos".

La Consellería de Mar liberará para ese cometido 140 millones de euros del Fondo Europeo de Pesca del período 2007-2013 "que no se ejecutaron durante la pasada legislatura". La oposición arremetió contra el anuncio de la Xunta, a la que acusó de poner en práctica "políticas tercermundistas".