La Xunta se enfrenta a los sindicatos y elimina el gallego de las oposiciones

Las próximas oposiciones que convoque la Administración autonómica podrán responderse sólo en castellano. Eso es lo que pretende la Dirección Xeral de Función Pública, que ayer se reunió con los sindicatos para negociar la supresión de una prueba en gallego en las oposiciones. Pero no hubo diálogo. Comisiones Obreras, UGT y CIG, contrarios a la propuesta de la Xunta, se levantaron de la Mesa de Negociación Extraordinaria, veinte minutos después de empezar la reunión. "Ni siquiera han respondido a nuestros argumentos. Con esta medida autoritaria y propia del fascismo, el PP demuestra una vez más su obsesión permanente de liquidar el gallego", gritó el responsable de CIG Ensino, Anxo Louzao, megáfono en mano y rodeado de los más de 200 funcionarios que se manifestaron delante de la Escola Galega de Administración Pública.

La Xunta pretende modificar el artículo 35 de la Lei da Función Pública, que obliga a realizar en gallego, al menos, uno de los exámenes de las oposiciones. Fue uno de los avances en materia de normalización lingüística que promovió el bipartito. Antes de esta reforma, aprobada en julio de 2007 por BNG y PSdeG con la oposición del PP, sólo se exigía a los candidatos que acreditaran su nivel de gallego con un certificado o mediante un examen. Y esa es la norma a la que quiere volver la Xunta de Alberto Núñez Feijóo porque es "un compromiso del nuevo Gobierno, que busca fomentar la libertad de elección del opositor". El secretario general de Función Pública, José María Barreiro, añadió que la Xunta "potenciará el uso del gallego con cursos de formación para todos los funcionarios".

Para los sindicatos, la propuesta de la Xunta, que convocó la Mesa con sólo 48 horas de antelación y en pleno puente festivo, es "inadmisible". Louzao (CIG) denunció que la modificación del artículo 35 -"un insulto, una provocación y una medida contra todos los gallegos", afirmó- va en contra de la Lei de Normalización Lingüística y del Estatuto Básico del Empleado Público. Machús Fernández, de CC OO, alertó del "prejuicio lingüístico" que tiene la Xunta al modificar exclusivamente este punto de la Lei da Función Pública, pendiente de muchas reformas. La derogación, que el PP pretende que afecte incluso a procesos selectivos ya iniciados, cuando se apruebe la reforma en el Parlamento, demuestra, dice UGT, la "poca inteligencia moral de la Xunta". Los únicos que se quedaron en la Mesa de Negociación hasta el final fueron los representantes de CSI-CSIF, que defienden que "la competencia lingüística se debería evaluar una vez superado el proceso selectivo". El secretario general de Función Pública, José María Barreiro, retomará el lunes los contactos con los sindicatos.

Por otra parte, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, pidió ayer que el Pacto de Educación que quiere impulsar el Ejecutivo central avale el uso del castellano, aunque para Galicia abogó por el "bilingüismo armónico.