Técnicos de la Xunta inspeccionan por primera vez el Pazo de los Franco

Por primera vez en más de 30 años de democracia, el poder civil logró adentrarse en el Pazo de Meirás, el regalo de la provincia de A Coruña pagado con dinero público que, en calidad de "jefe de Estado y Caudillo de España" recibió en plena Guerra Civil Francisco Franco. Ahora es propiedad de sus descendientes, quienes intentaron impedir la inspección de la Xunta que ayer tuvo al fin lugar, gracias a una orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La familia del dictador invocó la Constitución para impedir la entrada

La familia del dictador, encabezada por su única hija Carmen, mantuvo el suspense hasta el último momento. Pero finalmente, el miércoles por la noche, comunicó a la Consellería de Cultura que acataría el fallo judicial que le obligaba a abrir ayer, fecha límite, las puertas de su propiedad a tres técnicos de Patrimonio para realizar una inspección completa tanto del interior del pazo como de sus extensos jardines.

Hace ya un año que Cultura intentaba cumplir con su obligación de verificar el estado de conservación de un bien catalogado desde 1991 en el Patrimonio Cultural de Galicia. Esta visita, que incluye averiguar el valor y bienes que alberga la edificación de finales del siglo XIX construida por encargo de la escritora Emilia Pardo Bazán, resulta también imprescindible para completar el expediente que este departamento abrió con el fin de determinar si el Pazo debe ser declarado Bien de Interés Cultural, un proceso que se demorará varios meses. Una figura, la máxima de protección patrimonial, que reforzaría considerablemente las medidas y obligaciones de preservación de la propiedad, enclavada en el municipio coruñés de Sada, y obligaría a sus dueños a abrirla al público cuatro días al mes.

A las 10.05 de ayer, un vehículo todoterreno de la Consellería de Cultura, con una arquitecta, un arqueólogo y una historiadora del Arte a bordo, entró en la amurallada propiedad a través de un portal lateral, accionado electrónicamente. Dentro, el abogado de los Franco recibió al equipo de Patrimonio, el mismo al que los descendientes del dictador dieron con la puerta en las narices el 30 de agosto de 2007 al tiempo que decidieron recurrir a la Justicia para impedir la inspección.

La familia del dictador invocó la Constitución y el derecho a preservar su intimidad, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en un auto emitido hace un mes tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña que tardó cuatro meses en tomar esa decisión, ordenó a los dueños cumplir la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia y abrir las puertas del Pazo de Meirás a la Xunta.

Durante seis horas y media, los técnicos de Patrimonio recorrieron todos los rincones del emblemático castillo de tres torres rectangulares y de sus jardines -más de seis hectáreas- y realizaron un extenso reportaje fotográfico de todo lo que alberga. El misterio permanece intacto sobre lo que queda del legado de Emilia Pardo Bazán, cuyas herederas vendieron en 1938 el pazo y todo su contenido a un grupo de empresarios y autoridades franquistas.

Hasta la llegada del Gobierno bipartito (PSOE-BNG) en 2005, la Xunta, durante los 16 años de mandato de Manuel Fraga, nunca cumplió la obligación de supervisar la conservación de este patrimonio. Fue iniciativa del BNG de Sada, hoy al frente de la alcaldía, solicitar formalmente su declaración como Bien de Interés Cultural, primer paso para dar un mínimo uso público a la emblemática fortaleza.