La Xunta extiende la rebaja salarial a colegios y hospitales concertados

El trámite para aprobar en el Parlamento gallego el recorte salarial dictado desde Madrid tenía que ser eso, un trámite. Pero la modificación de los presupuestos de Galicia, aprobada ayer con los votos del PP y el PSdeG, tenía alguna sorpresa guardada. El recorte se extenderá a los "conciertos, contratos y convenios", suscritos por la Administración cuando esos pactos "contengan módulos referenciados a las retribuciones de su personal". Esto es, los salarios de los profesores de la enseñanza, la sanidad o los servicios sociales concertados. En el Real Decreto del Gobierno se excluían expresamente estos colectivos, aunque algunas comunidades autónomas, como Cataluña, les han aplicado la rebaja.

La medida cogió con el pie cambiado a los sindicatos. Desde CIG y UGT aseguraron que la propuesta que conocían solo afectaba, además de a los funcionarios, a algunas empresas de servicios cuyas tablas salariales se fijan en función de lo que dicta la Administración. El Gobierno autónomo también aprovechó para deslizar entre las disposiciones transitorias de la ley la suspensión de los acuerdos alcanzados en la legislatura anterior que mejoraban las condiciones de los profesores de la privada concertada para los años 2008, 2009 y 2010. Con el pacto se congela la cláusula que incrementaba el 2% el complemento retributivo de la comunidad autónoma y la subida de 45 euros brutos mensuales para todo el profesorado en pago delegado para los docentes en jornada completa.En el fondo, PP y PSdeG estaban de acuerdo en votar sí a la aplicación del tijeretazo propuesto por el Gobierno de Zapatero. Pero, cosas de la política, en el debate se esforzaron por demostrar todo lo contrario. La conselleira de Facenda, como hace siempre que explica cualquier medida a propósito de la crisis, comenzó su comparecencia parlamentaria acusando al Gobierno de Zapatero de ser el causante del déficit con "su política de excesos".

Ni siquiera comparte el modo de recortar las nóminas. Para Marta Fernández Currás, aplicar criterios de progresividad (a quien menos cobra, menos se le reduce la nómina), es "sorprendente" y "pone en peligro la capacidad intelectual de la función pública". Para apoyarla, el diputado popular Pedro Puy explicó la paradoja de que algunos trabajadores públicos "no querrán escalar puestos" porque podrían llegar a cobrar menos por hacerlo.

Desde los bancos socialistas le tenían preparados los dardos más afilados. La portavoz de economía, María José Caride, recriminó al PP que se instale en el "cuanto peor, mejor", el doble discurso de "pedir recortes y luego criticarlos". "Van más allá del Real Decreto del Gobierno", aseguró. Es la "puerta de atrás", por la que, dijo, se ha colado el tijeretazo en las nóminas de los profesores, médicos, enfermeras, cuidadores, terapeutas y una larga lista de profesionales que trabajan para centros privados concertados. "Me sorprende su capacidad de no ponerse colorada", espetó a la titular de Facenda. Ese "ir más allá" también se traduce en bajar los sueldos del personal eventual, el de los organismos autónomos, las sociedades públicas, las fundaciones y los consorcios, con los mismos criterios de progresividad que criticó la conselleira.

Fernández Currás defendió que ha intentado "suavizar en la medida de lo posible" el decreto ley que Galicia tiene la obligación de acatar. Gracias a que extenderá la medida a las empresas públicas dependientes de la Xunta y a otros colectivos, ha podido aplicar un recorte en los complementos (específico y de destino) menor al señalado por Madrid. Será del 4% de forma lineal, en lugar del 5%.

En su explicación, la titular de Facenda se paró a detallar cómo quedarán las retribuciones de los conselleiros y altos cargos, que van a perder este año hasta un 15%. El presidente recibirá 71.960 euros en doce mensualidades; cada conselleiro, 62.804 euros, y los secretarios generales, directores y delegados territoriales, 51.111 euros, antigüedad aparte. Lo que no quiso despejar fue la duda de cuánto va a ahorrar la Administración autonómica (vía reducción del déficit) con todos estos anuncios, lo que fue contestado con una airada protesta. La misma que mereció el procedimiento que utilizó el PP para aprobar el texto, por lectura única, un método que no permite introducir enmiendas parciales.

Suárez Canal, por el BNG, criticó que se considere que el déficit es el problema y, en cambio, se responsabilice de la crisis a quien "no tiene la culpa". La aportación del diputado del PP Pedro Puy tuvo un carácter más didáctico. Explicó que la mayor parte del déficit es estructural, es decir, se produciría aunque hubiese pleno empleo, por eso exigió "medidas urgentes" para reducir el gasto corriente. Contrapuso la política de Zapatero a la del presidente Núñez Feijóo echando mano del plan de austeridad, que, según los populares, ha ahorrado a la Xunta 140 millones de euros, que se destinan a formación de parados y otras "medidas contra la crisis".