La Xunta hace públicos los intereses declarados por los altos cargos

Un año y ocho meses después de la aprobación de la Ley de Transparencia, el Gobierno gallego ordenó ayer dar cumplimiento a la disposición que le obliga a dar publicidad a la declaración de actividades e intereses económicos del presidente, el vicepresidente, los 12 conselleiros y otros 142 altos cargos de la Xunta afectados por esta normativa.

La ley les obliga a enviar al Parlamento de Galicia esos datos, así como la declaración de bienes patrimoniales de cada uno de ellos, acompañados de un informe dando cuenta "del grado de cumplimiento" de estas obligaciones. La información no incluye los salarios ni los datos sobre patrimonio, que no serán de acceso público.

De los datos divulgados hasta ahora llaman la atención las declaraciones de las conselleiras de Pesca, la socialista Carmen Gallego, y Vivenda, la nacionalista Teresa Táboas, que afirman percibir dos salarios públicos, algo expresamente prohibido por la legislación sobre incompatibilidades. Gallego declara cobrar como conselleira y como diputada; Táboas afirma que percibe retribuciones como integrante del Gobierno y como presidenta de una empresa pública.

Interrogadas al respecto por este diario, ambas se mostraron sorprendidas por el contenido de sus respectivas declaraciones y aseguraron que se trata de "un error" que tratarán de subsanar "inmediatamente".