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La Xunta limita a dos años la prohibición de construir a menos de 500 metros del mar

El Plan del Litoral bloqueará la concesión de licencias en todas las zonas protegidas

La paralización de las construcciones a menos de 500 metros del mar contará con un horizonte temporal: dos años, contados a partir de que entre en vigor la futura ley de medidas urgentes de ordenación del territorio. La conselleira María José Caride anunció ayer esta modificación del proyecto, que recoge parcialmente las peticiones formuladas por la patronal y la federación de ayuntamientos de Galicia. "La limitación pretende poner de manifiesto que estamos ante una medida cautelar y de carácter temporal", explicó la titular de Política Territorial.

La conselleira anunció ayer las principales novedades introducidas en el borrador de la ley desde que fue presentado, a finales de noviembre, entre las que destaca la limitación temporal de la prohibición de desarrollar suelo a menos de 500 metros del mar. A petición de la Confederación de Empresarios de Galicia y de la Federación Galega de Municipios e Provincias, la medida no será definitiva, sino que se reducirá a dos años prorrogables a un tercero por el Consello de la Xunta. De esta manera, se evita que un eventual retraso en el Plan Territorial Integrado del Litoral deje a los ayuntamientos costeros sin posibilidades de construir en la costa de forma indefinida.

Política Territorial espera no agotar el plazo de dos años, ya que la suspensión de construir en la franja litoral quedará sin efecto en cuanto los ayuntamientos afectados adapten sus planes generales a la Ley del Suelo, lo que introducirá garantías de sostenibilidad en esas zonas, o en el momento en que la Xunta apruebe el citado Plan del Litoral, que detallará el nivel de protección a lo largo de toda la costa de Galicia. En el caso de que se retrasen los planeamientos municipales y el proyecto de la Xunta para garantizar la protección de la costa, la limitación a dos años se haría efectiva.

Otra de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de ley permitirá a la consellería suspender licencias en las zonas afectadas por el Plan del Litoral en cuando lo apruebe el Consello de la Xunta. Se trata de un cambio en la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia, del año 1995, por el que los instrumentos urbanísticos que desarrolle la Xunta tendrán el mismo carácter que un Plan General de un ayuntamiento, y conllevarán por lo tanto la suspensión cautelar de licencias. Así, la simple aprobación del Plan del Litoral paralizará el desarrollo de suelos urbanizables en los municipios costeros.

La suspensión cautelar en la franja de 500 metros afecta a todos los suelos no consolidados o urbanizables de los ayuntamientos que no han adaptado su planeamiento a la Ley del Suelo. Ninguno de los 87 municipios costeros de Galicia ha acomodado sus planes urbanísticos a esa ley, por lo que a todos ellos se les prohibirá conceder licencias o desarrollar polígonos en cuanto entren en vigor las medidas urgentes. El anteproyecto ya ha sido consultado con distintos agentes sociales y está a estudio en el Consello Económico e Social de Galicia. María José Caride confió en que la Xunta lo apruebe este mismo mes y lo traslade al Parlamento en febrero, para que lo tramite por la vía de urgencia. De esa manera, la ley entraría en vigor antes del verano.

Vivienda protegida

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Las modificaciones en el proyecto, por otra parte, permitirán agilizar la promoción de vivienda protegida en los ayuntamientos de Galicia. Con ese objetivo, la protección pública residencial se considerará un motivo para que la Xunta pueda declarar la incidencia supramunicipal de un proyecto y desarrolle un plan sectorial, al igual que ya ocurre con hospitales o infraestructuras de comunicación. Esta facultad permitiría a la Consellería de Política Territorial desarrollar actuaciones de vivienda protegida incluso en contra del criterio de los ayuntamientos afectados, aunque Caride matizó que la medida está pensada para actuar de forma coordinada con las administraciones locales.

Política Territorial también ha decidido limitar a un mes el tiempo de que dispondrá la Consellería de Medio Ambiente para redactar la memoria ambiental de los planes urbanísticos que presenten los ayuntamientos. Si el departamento que dirige Manuel Vázquez no responde dentro de ese plazo, se entenderá que da su consentimiento al proyecto municipal. La medida pretende agilizar la exigencia de memoria ambiental en los planes urbanísticos que entró en vigor en 2006.

Caride, ayer, en la presentación de las novedades en la ley de medidas urgentes.
Caride, ayer, en la presentación de las novedades en la ley de medidas urgentes.ANDRÉS FRAGA

La prevención de incendios se cae de la ley

La protección de la costa no era la única justificación de la ley de medidas urgentes de ordenación del territorio. La prevención de incendios es otro de los argumentos con que la Consellería de Política Territorial impulsó el anteproyecto, del que desaparece sólo mes y medio después de que se presentara públicamente. La conselleira María José Caride atribuyó el cambio a la petición del departamento de Medio Rural, que reunirá las medidas previstas en la futura Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios.

La propuesta de Política Territorial respecto a los incendios estaba destinada a las construcciones situadas a menos de 400 metros de terrenos forestales o en su interior, con exclusión de las agrícolas o ganaderas. En esas urbanizaciones se debía establecer una servidumbre de protección en una franja de 25 metros alrededor del perímetro, con la obligación de los propietarios de mantenerlas libres de vegetación seca y con la masa arbórea clareada. En los casos en los que la franja de protección no pertenezca a los propietarios de las urbanizaciones, se establecía una servidumbre forzosa de acceso para realizar trabajos de limpieza.

Otras de las medidas que se caen de la ley son la obligación de propietarios y comunidades de mantener limpias las parcelas no edificadas y las vías privadas, presentar ante el ayuntamiento un plan de prevención y defensa contra incendios forestales y disponer de una red de extintores homologada. El proyecto pretendía obligar a los ayuntamientos a mantener limpios viales y caminos de titularidad municipal.

La dispersión de la lucha contra el fuego en leyes de consellerías distintas fue objeto de críticas por parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), de la que también partió la idea de la limitación temporal a la prohibición de construir en la franja de 500 metros. La Consellería de Medio Rural decidirá ahora si mantiene la propuesta en los mismos términos o si introduce modificaciones. Respecto a la limitación temporal de construir en la costa, la Fegamp pretendía reducirla a un año, frente a los dos con opción a un tercero que propone ahora la Xunta. El presidente de la Fegamp, José Crespo, lamentó ayer no disponer de información directa de Caride respecto a las novedades de la ley.

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