La Xunta planea borrar la reserva de vivienda pública de la ley del suelo
El BNG tacha el proyecto de reforma legal de "liberalizador y permisivo"
El Gobierno gallego baraja eliminar de la ley del suelo de Galicia la obligación de ceder para viviendas de protección oficial el 2,5% del terreno que se pueda edificar en suelo urbanizable, según señalaron ayer el portavoz nacionalista en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Allariz, Francisco García, y el concejal de Obras de Pontevedra, César Mosquera. Esta condición necesaria, introducida por el Gobierno bipartito, desaparece con las modificaciones legales que plantea la Xunta, que alivian los requisitos para la construcción en suelo urbano y rústico y vuelven, según el BNG, a un modelo "liberalizador y permisivo". Los dirigentes nacionalistas conocen el texto por el borrador que la Xunta ha enviado a la Fegamp.
Mosquera (BNG): "De Pontevedra a Porriño todo será suelo urbano"
"Nos preocupa que se estén dando bandazos en relación con la legalidad urbanística y no se propicie un pacto de país", manifestó Mosquera. Los cambios previstos en la ley, conocida oficialmente como Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural en Galicia (Louga), no recogen, según García, las reclamaciones de la Fegamp, a la que la Xunta utilizaría "como pretexto para hacer una revisión en profundidad" de la normativa urbanística, para favorecer "una política de dispersión poblacional".
El BNG señala además que este proyecto preliminar modifica la definición del concepto de suelo urbano, que se aleja de la establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo hace más vago, lo que provocará, según Mosquera, que "proliferen como hongos las urbanizaciones sin dotaciones de ningún tipo y sin cargas". "De Pontevedra a Porriño todo sería urbano", explicó. Para el concejal pontevedrés, el plan de la Xunta sigue el espíritu del decreto estatal aprobado en 1996 durante el Gobierno de José María Aznar, en el que "todo lo que no estaba especialmente protegido era urbanizable".
Los nacionalistas consideran, además, que una reforma en profundidad de la ley no se justifica "ni conceptualmente ni en la práctica" antes de que se aprueben definitivamente las Directrices de Ordenación de Territorio, pendientes desde la primera modificación de la ley, efectuada en 2004 cuando Manuel Fraga era presidente y Alberto Núñez Feijóo conselleiro de Política Territorial, y que llegó tan solo dos años después de la aprobación inicial de la norma.
Para el BNG, la actual propuesta de modificación "ni siquiera se corresponde con los planteamientos" de Feijóo cuando estaba al frente de la consellería. García admitió que los ajustes propuestos favorecen la autonomía municipal respecto a las concesiones de licencias urbanísticas en suelo rústico, pero no así "en aspectos sustanciales como la aprobación definitiva de planeamientos municipales".
El proyecto prevé también alterar los criterios de interpretación de las dudas en el planeamiento urbanístico, que antes favorecían la dotación de espacios públicos y la protección ambiental y que ahora se regirán por las normas genéricas del Código Civil. Con esto "se abrirá la mano a soluciones aberrantes", adujo Mosquera. Este documento, que todavía es preliminar, provocará también, según los nacionalistas, un excesivo desajuste entre las cargas para la edificación en suelo urbano respecto al rústico, lo que incentivará "un éxodo de población de las ciudades y villas hacia urbanizaciones dispersas y esparcidas por el territorio sin ninguna adaptación al entorno rural".
En este sentido, los representantes del BNG también critican, en un documento en el que detallan los cambios de la ley que consideran negativos, la eliminación de la parroquia como "núcleo vertebrador de la convivencia y la prestación de servicios comunes". "Ahora cualquier agrupación de casas puede ser un núcleo rural", señala Mosquera. El BNG se queja también de que la consellería no haya explicado los motivos por los que promueve el cambio legal. "La modificación propuesta no cuenta con ninguna exposición de motivos", arguyen los nacionalistas, que entienden que, de aprobarse la ley, la reordenación del territorio retrocederá 10 años.
