La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense
El tanatorio incumple la normativa de Patrimonio y de cementerios
Rogelio Martínez decidirá, en su condición de superdelegado de la Xunta en Ourense, si se legaliza el tanatorio de Arnoia que él mismo autorizó, pese a tener en contra todos los informes de la Administración, cuando era alcalde del municipio. Patrimonio le impuso entonces una multa de 5.000 euros por no restituir la legalidad.
La Xunta intenta legalizar ahora la obra. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, detalló ayer en comisión parlamentaria que el lunes entró en el registro de la jefatura territorial de Ourense el expediente para que, en una reunión entre representantes de la delegación provincial, que preside Martínez, y la Iglesia se decida si se legaliza el inmueble funerario ubicado en zona catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) e incrustada entre los panteones de tal forma que para acceder a él es necesario pisar sobre algunas sepulturas.
Rey Pichel reconoció que el tanatorio autorizado por el actual superdelegado de la Xunta fue declarado ilegal por Patrimonio en 2006, año en el que el departamento que ahora preside informó desfavorablemente la obra. También explicó que el nuevo alcalde que sustituyó a Martínez en Arnoia intentó legalizarlo cambiando la calificación del suelo e incluyéndolo en el planeamiento urbanístico, pero sin presentar a Patrimonio el nuevo proyecto.
Según Pichel, en diciembre de 2008 la Xunta informó desfavorablemente el planeamiento urbanístico que, sin embargo, fue autorizado en julio de 2009 y aprobado el pasado mes de octubre. Está en vigor desde el 30 de noviembre. El Ejecutivo gallego deja ahora en manos de su superdelegado en Ourense la legalización de la obra que, irregularmente, él mismo autorizó.
El director general de Patrimonio realizó esta exposición a instancias de la pregunta presentada en la comisión por la parlamentaria del PSOE María Quintas. La diputada lleva desde el pasado febrero esperando, sin éxito, que la Xunta le entregue los expedientes del tanatorio.
Quintas advirtió ayer de que el Gobierno de Feijóo está incumpliendo el reglamento de la Cámara relativo a la obligación del Gobierno autónomo de entregar información a los diputados en un plazo de 30 días. Pichel le replicó que, aun conociendo el reglamento, resulta imposible atender todas las peticiones de información que realizan los diputados. En cualquier caso, afirmó que la documentación del tanatorio que reclamaba la socialista estaba ya en poder de la Cámara, aunque Quintas tampoco la recibió ayer.
El PSdeG ya ha anunciado que demandará por prevaricación al superdelegado de Ourense y sostiene que la Xunta es "cómplice" en esta actuación con la que "Feijóo intenta proteger a su hombre de confianza" en Ourense.
El superdelegado no solo ha obviado la normativa de Patrimonio al construir el tanatorio en zona BIC, sino que además, la sanitaria sobre cementerios que obliga a que las edificaciones en los camposantos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas.
Los socialistas están convencidos de que la actuación del delegado es "idéntica" a la del ex alcalde de Melón Alberto Pardellas (también del PP), que autorizó la construcción de un polideportivo a escasos metros del monasterio cirsterciense. A este, el incumplimiento le ha costado la inhabilitación política.
