El ajuste perjudicará a un millón de pensionistas y a 150.000 funcionarios
El 39% de los gallegos sufrirá en el bolsillo el efecto de los recortes aprobados
Aplicar el plan de ajuste del Gobierno en Galicia será especialmente doloroso. Bastante más que en otras comunidades menos dependientes del gasto público. Sólo hay que echar un vistazo a la estadística: de los 2,7 millones de habitantes censados, unos 925.000 cobran algún tipo de pensión, subsidio o prestación, nada menos que el 33% de la población. Hay, según los cálculos del Gobierno, 153.000 empleados públicos. 91.000 dependen de la administración autonómica, que este año iba a gastarse en nóminas 3.770 millones de euros. Con el recorte que se aplicará desde junio serán unos 94 millones menos. En plantilla están casi 40.000 profesores, unos 34.000 sanitarios y 16.000 técnicos y administrativos de la propia Xunta o sus organismos autónomos.
La Xunta no ha modificado su previsión de crecimiento
Una parte importante de los funcionarios cobra 1.500 euros brutos
719.000 gallegos cobran una pensión contributiva, que se verá congelada
Falta por concretar el impacto que tendrá el recorte en las inversiones
La tijera también llegará hasta la Administración local. Precisar cuánto ingresan los más de 30.000 empleados que fichan en los 315 ayuntamientos de la comunidad autónoma es complicado. Rondan, según los datos del Ministerio de Economía, los 700 millones de euros, con lo que la medida aportará otros 20 millones a la caja común solo en este año. Un ahorro que, por cierto, es inferior a la suma de los sueldos de los altos cargos y personal de confianza (no funcionario) de los propios consistorios.
Aunque después de que se concretasen las rebajas en función de los niveles profesionales (que será progresiva, de entre el 0,56% y el 7% del sueldo mensual y complementos de destino) es imposible saber con exactitud cómo se trasladará al sistema gallego. "La inmensa mayoría de este personal se puede considerar mileurista, ya que más del 60% no supera los 1.500 euros en bruto", braman desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Para los principales aludidos, las "medidas extraordinarias de interés nacional", como las presentó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, no son más que la conclusión de los desatinos en política económica del Gobierno. "Retrasan la recuperación y desplazan al empleo como objetivo principal de la actividad económica", aseguran desde Comisiones Obreras.
Los economistas dan por descontado que el tijeretazo afectará seriamente al consumo de las familias y, de rebote, a la evolución de la economía en su conjunto. Pero no se ponen de acuerdo sobre su intensidad porque falta un elemento muy importante en el análisis: en qué grado se cercena la inversión pública.
Si el Ministerio que dirige Elena Salgado no ha variado la previsión de crecimiento del PIB para este año (que estimaba un descenso 0,3% para el conjunto nacional), es poco o nada probable que la consellería de Facenda lo haga con la suya (del 0,2% en positivo, por el efecto del Xacobeo). El año próximo la evolución será, según el Gobierno, medio punto más baja de lo esperado a causa del duro plan de ajuste.
Desde la Facultad de Económicas de la Universidad de A Coruña, Federico Martín Palmero cree que la incidencia final que tendrá sobre el PIB la retracción del gasto de los hogares "será relativa, mucho menor en cualquier caso que si se revisaran, por ejemplo, las prioridades de gasto público en general o se incrementara la lucha contra el fraude". Es lo que los economistas llaman efecto precaución. Profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico, Martín Palmero advierte que "son realmente las obras públicas, con su mayor o menor dotación, y a la vez su efecto multiplicador, lo que tiene incidencia sobre el crecimiento del PIB". En su opinión, "el ahorro no existe, es simplemente consumo diferido", y en ese sentido, en lo que más se va a notar la decisión del Gobierno "será en las decisiones finales de compra, mucho más que en el ahorro".
El también profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago Lago estima que el plan de ajuste obligará a sacrificar al menos una décima de PIB, sólo por la congelación de las pensiones y la bajada de los salarios, que afectará al 39% de los ciudadanos gallegos.
Son las prestaciones sociales, las que sostienen el Estado del bienestar, las más tocadas en este saco de iniciativas. En todo el territorio su congelación reportará 1.530 millones de euros a las arcas públicas. En Galicia tiene un granero importante. De ellas dependen 719.000 personas: jubiladas, viudas, huérfanas o incapacitadas. Cobran una media de 647 euros mensuales, la más baja de toda España, y así seguirán tras la congelación. Otras 159.000 ingresan el paro y 47.000 reciben alguna pensión no contributiva.
"Todo esto es una vuelta a la realidad, porque en este país lo más grave no es la deuda pública, sino el endeudamiento de las familias". Antonio Grandío, catedrático de la Escuela de Empresariales de la Universidad de A Coruña, considera que "el gasto de las familias, y en menor medida la inversión, se verán afectadas por un efecto psicológico que puede posponer decisiones, al menos durante los tres años que nos esperan hasta volver a la holgura financiera que hemos disfrutado hasta ahora". Con todo, cree que la decisión del Gobierno de aplicar el ajuste "es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos".
