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El alcalde de Baiona renuncia a sancionar el ruido de bares y discotecas

La iniciativa evitará multar al padre de la edil de Urbanismo, según la oposición

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña (PP), se propone derogar la ordenanza municipal contra el ruido, vigente desde 2004, aduciendo los desfases que presenta con la normativa de ámbito estatal y autonómico. La derogación, según la propuesta que el regidor presentará al pleno municipal convocado para mañana, no implicará una laguna legal, ya que será de aplicación "la normativa sectorial, estatal y autonómica vigente en la materia". Pero, según el grupo municipal socialista, hará desaparecer la tipificación de faltas y toda la capacidad sancionadora municipal contra el ruido en una de las más concurridas zonas de copas de las Rías Baixas. El PSOE considera que la iniciativa se dirige únicamente a evitar las sanciones contra los locales de un conocido militante del PP que ha incumplido reiteradamente la ordenanza.

La derogación propuesta por la alcaldía se basa en un informe del arquitecto técnico municipal que destaca la necesidad de adaptar la ordenanza a las nuevas normativas (alguna de las cuales no entrará en vigor hasta abril), las condiciones de superficie mínima de los locales, la descripción y categoría de las actividades, las zonas de sensibilidad acústica o los sistemas de alarma. La derogación de la ordenanza, con todo, resulta un caso insólito, hasta el punto de que en el ámbito de la administración local, como señalan los informes que acompañan la propuesta del Vázquez Almuíña, no hay una previsión normativa específica sobre el procedimiento a seguir. Lo habitual es adaptar las ordenanzas a las normas de superior rango jerárquico que se promulguen con posterioridad, y eso sería lo pertinente también en este caso, según el grupo socialista baionés.

La ordenanza entró en vigor en octubre de 2004, con un gobierno socialista, precisamente como respuesta a las quejas vecinales contra el ruido que generaban y generan las decenas de bares y locales de copas, singularmente en verano, en el casco antiguo y en la recta de Sabarís. En total, los locales más afectados serían unos 30, además de dos discotecas.

La ordenanza, entre otros efectos, establece las normas para conceder las licencias, regula los horarios de apertura y cierre, tipifica las faltas y fija las sanciones correspondientes, aspectos todos que no concretan las leyes genéricas que se aplicarán en su sustitución y sobre los que, de hecho, se creará un vacío normativo con la derogación de la ordenanza, según considera el grupo socialista. "Significa dejar sin protección al vecindario del casco antiguo, que fue el que más se movilizó para que se aprobara la ordenanza", señalan.

El principal beneficiario de la medida, según las mismas fuentes, será Ezequiel Simóns, destacado militante del PP, presidente de la asociación local de empresarios, padre de Ana Simóns, la concejal de urbanismo (departamento del que parte el informe con la propuesta de derogación). Simóns es dueño de Villa Rosa, un café-bar con discoteca que acumula varios expedientes sancionadores por ruido. y que también ha concitado la intervención del Valedor do Pobo contra su actividad, y copropietario de la otra discoteca de la localidad. De hecho, las quejas vecinales que motivaron la aprobación de la ordenanza ya señalaban específicamente los ruidos de Villa Rosa.

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