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Las aportaciones públicas cubrirán el 76% del presupuesto de la patronal

La Lei de Participación Institucional también compensará a los sindicatos

La Confederación de Empresarios de Galicia y las centrales UGT, CC OO y CIG recibirán todos los años una compensación económica por participar en organismos o empresas públicas en defensa de sus intereses. Esto es lo que se deduce del anteproyecto de Lei de Participación Institucional, que esta semana recibió el visto bueno de la asesoría jurídica de la Xunta y que este mismo mes podría ser aprobado en el Consello.

El texto, a propuesta de la Consellería de Traballo, contempla unas contrapartidas económicas "por los gastos en los que incurren en el ejercicio de su participación en organismos públicos". Esas contrapartidas saldrán de los Presupuestos Generales de Galicia.

La propuesta para 2009 se concreta en el pago de dos millones de euros, que se repartirían de la siguiente manera: un millón para la CEG y el millón restante, a distribuir entre los tres sindicatos mayoritarios, que por este orden son: UGT, CIG y Comisiones. La patronal gallega tiene este año un presupuesto de 1,3 millones de euros. Si la norma se aprueba con la propuesta de asignaciones lanzada por la Consellería de Traballo, la partida que le correspondería a la CEG el año próximo equivaldría al 76% de su presupuesto de 2008.

Las organizaciones objeto de la norma pueden llegar a tener hasta un centenar de representantes en instituciones como el Consello Económico e Social, el consejo asesor del Igape, el Consello Galego de Relacións Laborais y una larga lista de comisiones, observatorios, mesas y consejos sectoriales.

La última intervención destacada de los agentes sociales fue la del pasado día 7, con la firma del Acuerdo por la competitividad de Galicia 2008-2011, un plan con medidas contra la crisis económica. La propuesta de la ley partió precisamente de una de las mesas de negociación de este acuerdo, que fue firmado sin el apoyo de la CIG.

"No se trata de una forma de financiarnos, ni de una subvención graciable. Con esta ley se solventa una de nuestras reivindicaciones y se nos reconoce, tal y como figura en la Constitución, como una organización representativa que participa en los procesos de concertación social", aseguran fuentes de UGT. Las mismas fuentes añaden que, en muchos de los organismos donde están representados, la compensación por asistencia no se modifica desde hace más de veinte años.

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Bautista Vega, secretario confederal de relaciones institucionales de la CIG, cree que se trata de una ley "necesaria" que articulará "de forma clara y transparente" la presencia del sindicato nacionalista y sus actuaciones en aquellos organismos en los que participa. La patronal, por su parte, no quiso realizar ninguna valoración hasta que la ley reciba luz verde en el Parlamento.

Tras consultar a las organizaciones de las principales comunidades con presencia empresarial (la CEIM madrileña, la Cierval valenciana, o Fomento del Trabajo Nacional en Cataluña), se constata que ninguna cuenta con acuerdos similares con sus respectivas comunidades. La CEOE, que las agrupa a todas, tiene este año un presupuesto de 13 millones de euros, de los cuales 11,5 provienen de las cuotas que pagan sus asociados. Lo que reciben por participar como interlocutores en organismos como el Insalud, el Imserso o el Inem parte directamente de esos organismos, y no de los Presupuestos Generales del Estado.

El anteproyecto aclara que la partida que se consigne para compensar a sindicatos y asociaciones empresariales "no estará sujeta al régimen de subvenciones" y añade que "será compatible con el derecho de sus representantes a percibir las indemnizaciones que, como ayudas de coste y asistencias, les pudiesen corresponder a título personal". Los beneficiarios estarán sometidos al control de la Xunta.

Las cuentas sindicales

¿Cuánto han presupuestado este año los sindicatos gallegos para sus actividades? ¿Qué dinero destinan a formación? ¿Cuánto a asesoría jurídica o a personal? Son preguntas difíciles de responder. Al contrario que la patronal, a la que no escuece confesar cuál es su previsión de gasto, los sindicatos son mucho más reacios a hacer públicos los números. Sí, en cambio, se apresuran a hacer ver que cuentan con una gran representatividad. En las últimas elecciones sindicales, UGT alcanzó los 6.246 delegados en Galicia, el 31%; la CIG obtuvo 5.675 representantes, casi los mismos que CC OO, que terminó con 5.648 (el 28% para cada una de estas centrales). Los tres están de acuerdo en que la ley propuesta por la Consellería de Traballo da respuesta a una de sus demandas históricas "que Manuel Fraga siempre dispensó con buenas palabras pero que nunca cumplió". A partir de ahora, la ley regulará sus derechos y deberes en el ejercicio de su participación en las instituciones, que tendrán que acatar "de acuerdo con los principios de buena fe negociadora y confianza legítima".

Entre otras cosas, el anteproyecto de la norma les recuerda que deberán "guardar confidencialidad y no utilizarán la información obtenida en las reuniones de esos órganos".

Los sindicatos entrarán en el consejo de CRTVG

La presencia institucional de sindicatos y empresarios se verá reforzada con la ley que propone la Consellería de Traballo. Xaime López Golpe, secretario de Unión Sindical de CC OO en Galicia, cree que es un matiz muy importante: "A partir de ahora, vamos a entrar en consejos de administración donde no estábamos, como los de las tres universidades, el consejo de la Compañía de Radio Televisión de Galicia y los puertos".

La ley en tramitación reconoce y refuerza esa participación institucional, que define como "el ejercicio de tareas y actividades de promoción y defensa en el seno de la Administración autonómica, sus organismos y empresas públicas, de los intereses generales que corresponden a los trabajadores y a los empresarios". Para CC OO, "se cumple así una vieja demanda del movimiento sindical".

Ninguno de los tres sindicatos mayoritarios en Galicia piensa que las compensaciones económicas que articula la norma, y que tendrán su correspondiente reflejo en los Presupuestos Generales de la Xunta de Galicia, vaya a limitar su independencia en las negociaciones con la Administración. López Golpe lo niega rotundamente: "No nos limita. Al revés. Los sindicatos fuimos el bastión de la democracia en este país y esta ley viene a aportar transparencia y a reconocer nuestro papel". Para UGT, "ocurre como con los partidos políticos. Nosotros también tenemos una audiencia electoral, que son nuestros afiliados y los trabajadores que nos apoyan".

En España, la representatividad de los sindicatos está regulada en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, que otorga una posición jurídica singular a este colectivo.

Entrada en vigor

Algunas comunidades autónomas reconocen esta participación a través de una norma propia. Galicia sigue los pasos de Extremadura, que aprobó su correspondiente ley en el año 2003. La próxima será Canarias, que ya ha dado luz verde al anteproyecto.

La iniciativa establece que la designación de las personas que representarán a sindicatos y patronal se realizará "conforme a las propuestas formuladas por esas organizaciones". Para determinar cuántos representantes tendrá cada grupo en las entidades públicas, se aplicará el criterio de proporcionalidad según su representatividad en el ámbito autonómico y de paridad entre sindicatos y empresas.

El texto da un plazo de seis meses, desde su entrada en vigor, para adaptar los organismos públicos a este nuevo escenario de representatividad. Si la tramitación parlamentaria se agiliza, la norma podría tener efecto antes de que termine el verano.

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