Los áridos tóxicos de Duarte asfaltaron obras en ocho ayuntamientos coruñeses
Al menos ocho municipios gallegos han empleado la zahorra de alquitrán de Manmer en sus obras en los últimos meses. El informe policial de la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) señala que el empresario eumés Fermín Duarte, detenido en la Operación Arena, colocó su árido potencialmente contaminante (ARA) como base granular para obras civiles y carreteras en los ayuntamientos de Bergondo, Culleredo, Betanzos, Miño, Pontedeume, Ortigueira, Narón y Ferrol sin advertir de su toxicidad. Vecinos de Cabanas denuncian que también fue empleado por la empresa Concifa, de obra local, y que se usó como relleno en la rampa del colegio Eladia Mariño.
El aglomerado asfáltico de Manmer, que también se comercializó a través de otra empresa de Duarte, la constructora Rías Altas Obra Civil y Promoción S.L para burlar las limitaciones que había impuesto Medio Ambiente, se empleó profusamente en las obras de ampliación del puerto exterior de Ferrol y en cantidad de subcontratas para rellenos portuarios, asfaltado de vías, pistas y carreteras secundarias, además de algún parque eólico y paseo marítimo de Galicia.
El industrial de Pontedeume también se jactaba de haber colocado su zahorra en la ampliación del puerto asturiano de El Musel con unos beneficios "de 6,5 millones de euros en diez meses". "Me reía yo de la crisis", decía Duarte a un familiar el 18 de julio en una conversación intervenida por la policía. La Fiscalía advirtió en abril del 2010 que los residuos "podían llegar al hombre a través de la cadena alimentaria". Y alertó de los riesgos de que sustancias cancerígenas como el benzopireno se filtrasen y llegasen a los acuíferos que riegan huertas y plantaciones.Ante los trasiegos de Manmer, la Xunta actuó de forma errática. La Consellería de Medio Ambiente dio una de cal y otra de arena a la firma de Duarte. El 10 de mayo del 2010, el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, con quien el empresario trató de reunirse sin éxito según se desprende de las escuchas policiales, dictó una dura resolución contra Manmer "ante la evidencia de que contenía sustancias que podían dañar la salud humana y el medio ambiente".
El escrito -de junio de 2010- señala que el producto es "potencialmente contaminante" por lo que "no se puede usar de forma indiscriminada como relleno ni almacenar de cualquier manera". La resolución se le comunicó al Ayuntamiento de Cabanas que no adoptó ninguna medida contra el vertedero ilegal de Manmer en una parcela forestal de Laraxe. El Gobierno de Germán Castrillón (PP) ya había sido notificado un año antes por la existencia de esa montaña de aglomerado que Duarte colocó en suelo rústico sin permiso y tampoco hizo nada.
La de arena llegó en marzo del 2011. Aguas de Galicia autorizó al industrial ahora imputado a realizar obras para el acopio de áridos de construcción junto al río Baa apenas medio año después de haber multado a Manmer con 901,52 euros por contaminar su cauce. La constructora tampoco cumplió ninguna de la condiciones que le impuso la Xunta para almacenar el residuo que pasan por aislarlo de la lluvia, recoger las escorrentías y no exceder las 35.000 toneladas.
Expediente de Industria
Mientras, la Consellería de Industria guardó silencio ante las reiteradas denuncias de AGA donde advertían de la toxicidad del árido y de su origen posiblemente fraudulento desde que el primer barco de Holanda atracó en el puerto exterior de Ferrol con 25.000 toneladas de residuo asfáltico. Entre julio de 2009 y septiembre de 2011, fuentes del sector calculan que se importaron dos millones de toneladas.
Los desvelos del empresario por reunirse con los responsables de Industria y Medio Ambiente con el exdiputado popular Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias, como intermediario, dieron sus frutos sólo a medias y la investigación fue adulterada por un chivatazo que ahora estudiarán los tribunales. Duarte logró verse este agosto con el subdirector de Administración Industrial, Tomás Nogueira. Su departamento tramitaba desde octubre del 2010 una denuncia de AGA que no ha tenido respuesta.
