El botellón o la infracción acumulativa
Lo primero que me viene a la mente cuando veo las desoladoras imágenes de los vestigios del botellón en las principales ciudades gallegas es un recuerdo de Brasil. En ese país la sensibilización ante los problemas medioambientales es tal que se ha llegado a condenar por delito ecológico a los denominados catadores do lixo, es decir, a aquellas personas que al ponerse el sol salen de las míseras favelas en las que habitan para buscar su sustento vital en la basura de los barrios opulentos de las ciudades.
No me cabe duda alguna de que entre la conducta de los catadores do lixo y los comportamientos asociados al botellón hay una diferencia cualitativa, porque los responsables de estos últimos no actúan en un estado de necesidad y porque a la afectación al medio ambiente en su dimensión de interés jurídico colectivo añaden una repercusión nociva directa en individuos concretos, los cuales tienen que soportar los ruidos nocturnos y comprobar cómo su salud psíquica queda gravemente alterada.
Evidentemente, comparto con uno de los alcaldes gallegos que no hay que criminalizar las conductas de quienes intervienen en el botellón, criminalización que no sería legítima con arreglo a principios básicos del Derecho Penal.
Pero conviene aclarar que la ilegitimidad no reside en que el fenómeno carezca de gravedad objetiva, sino en que la aportación de cada uno de los intervinientes (su dosis individual de basura y de nivel de ruido) a los resultados nocivos globales para la salud de los vecinos y para el medio ambiente es una contribución insignificante, que sólo adquiere relevancia cuando se suma a la de otros cientos de personas que realizan idéntico comportamiento.
En el lenguaje jurídico calificamos esto como una infracción "acumulativa", que con carácter general no debe ser corregida a través del Derecho Penal, sino con arreglo a las normas del Derecho administrativo, que es el sector del ordenamiento jurídico encargado de resolver los problemas sistémicos (los grandes riesgos) que no pueden ser contemplados como problemas de un actuar individual al no ser reconducibles equitativamente a acciones de personas.
Y, situados en el ámbito de lo jurídico-administrativo, parece claro que Administración autonómica y Administración local deben actuar de forma coordinada, con firmeza y sin pensar en réditos electorales, con el fin de adoptar las medidas oportunas, pensando qué es lo que sucedería si a las mismas horas todos los habitantes de una ciudad optasen por aportar su parte alícuota de basura y de ruido, siguiendo la original forma de protesta iniciada por los vecinos de un barrio coruñés.
En contra de lo que en ocasiones erróneamente se sostiene, en el fenómeno del botellón no hay realmente conflicto alguno de derechos que deban ponderarse. Lo único que hay es una vulneración de derechos constitucionales, como la salud de las personas y el medio ambiente. Frente a ellos cabe ciertamente situar la genérica libertad de obrar que posee todo ciudadano (y en concreto la de recurrir a la forma de diversión que a cada uno le plazca), mas obviamente se trata de una libertad que tiene un límite infranqueable allí donde se injiere en una esfera de libertad ajena.
Finalmente, hay que convenir con otro de nuestros alcaldes en que profesores y padres tenemos también una función que cumplir, singularmente en la tarea de prevención. Utilizando un razonamiento análogo al de la infracción acumulativa, cabría decir que, aunque la contribución aislada de cada profesor o padre a dicha tarea sea insignificante, adquiriría empero un efecto relevante si todos hiciésemos lo mismo.
Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Por de pronto, se me ocurren algunas medidas: los profesores podrían incluir el tema del botellón como una lección básica de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía; los padres podrían informar con claridad a sus hijos de que, según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es una droga que causa grave daño a la salud. También podrían relatarles el caso de los catadores do lixo.
