Dos cargos de la Xunta declaran como imputados por investigar a UU AA

Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho meses una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los juzgados de Santiago en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero.

La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las inspecciones y comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del sindicato el pasado mes de junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general, conselleiro de Presidencia y superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la existencia de una red de financiación ilegal que habría servido al PSOE para captar dinero público de la Administración a través de organizaciones afines.

La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales

El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus cargos en la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario Unións Agrarias (UU AA) presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de poder, un tipo de prevaricación administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a cabo las comprobaciones en los locales del sindicato.

La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le proporcione documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió al juzgado el pasado mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal que entró el día 7 de junio en 13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino "visitas de seguimiento y control".

En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su personal a las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en diferentes medios sobre la existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas entidades vinculadas a Unións Agrarias en la gestión de ayudas para el fomento del empleo durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar in situ la prestación del servicio por parte de los trabajadores contratados a través de las subvenciones".

O lo que es lo mismo, Traballo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea en las oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas irregularidades en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la documentación remitida al juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres ocasiones que el personal desplazado el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino "visitas de control y seguimiento" para comprobar que los contratados estaban trabajando.

Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron cobrando subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal contratado desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones.

Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los empleados acudían a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que el personal de la consellería se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin presentar ninguna orden que les acreditase ni permitirles realizar alegaciones.

El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el 7 de junio de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal competente ni disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más tarde, el 14 de junio, y en la que se basaron posteriormente los inspectores de Traballo y de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, adscritos a la Consellería de Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, ganaderos, agricultores y presidentes de asociaciones rurales.

La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a declarar ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo cobrando comisiones ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo con el juicio en el que uno de los ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente condenado por cohecho, admitió haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 90.000 para financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la cúpula del PP capitaneada por su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, hicieron estallar el escándalo.

La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de una mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber hecho campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye un juez de Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel entonces candidato y dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general contra el sindicato y acusaron al PSOE de financiación ilegal.