Dos caros ejemplos de una gestión caótica

A las ocho de la mañana del lunes 20 junio de 2007 el socialista Francisco Rodríguez proclamado alcalde el viernes anterior, entró en el despacho de la alcaldía, pidió toda la documentación del área de reparto de la finca Santamarina y decretó su paralización. Fue su primera decisión como máxima autoridad del ayuntamiento de Ourense. El episodio da cuenta de la controversia del urbanismo y de cómo sus antecesores entendieron la planificación de la ciudad.

El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, lo aireó -para poner de manifiesto el "interés de socialistas y nacionalistas en buscar el ataque directo" contra él- cuando informó de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avala la operación por la que el dirigente del PP decidió deshacerse de una finca de 17 hectáreas del patrimonio provincial, en zona urbana, por 13,9 millones de euros, un importe cuatro veces menor al que reflejaron en sus tasaciones e0l Colegio de Arquitectos y otros peritos independientes.

La versión de Baltar sobre las prisas del alcalde por frenar el desarrollo urbanístico de esta parcela, un proyecto de diversas torres de 19 alturas con más de 1.000 viviendas y un ambicioso centro comercial de 40.000 metros cuadrados, la confirman los colaboradores del regidor socialista. "Naturalmente que fue lo primero que hizo el alcalde, a la espera de la sentencia, en cuanto pisó su nuevo despacho: preservar la defensa del interés colectivo de los orensanos y en eso es en lo que estamos trabajando con muchísimas dificultades y un enorme coste para el erario público".

El caso de la finca Santamarina se parece mucho al de Xardín das Burgas que mantiene atareados a los socios nacionalistas de la coalición. La empresa, cuyo proyecto de construcción de hotel-balneario rechaza el actual gobierno local, reclama ahora 20 millones de euros como compensación para abandonar su propiedad.

El teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal, busca salidas legales para evitar pagar ese precio mientras señala como responsable al anterior ejecutivo del PP al que ha acusado de regalar a esa sociedad las plusvalías urbanísticas y el 40% de una parcela pública y de retirar además la protección a la antigua casa de baños para recalificar el terreno y aumentar su edificabilidad en 16.000 metros cuadrados.