La chapuza del 'narcosubmarino'

Fue el encargo de un cartel de la cocaína que quería ensayar en España el último invento de los traficantes colombianos para blindar sus envíos a Estados Unidos y Europa. Pese al meticuloso plan, todo el trabajo de ingeniería naval que asumieron los narcos gallegos se convirtió en un estrepitoso fracaso y un timo para sus socios suramericanos que financiaron el invento. Los siete cómplices, dos de ellos reincidentes, se enfrentan a condenas de entre 10 y 13 años de cárcel. El fiscal antidroga, Marcelo de Azcárraga, les acusa de un delito de conspiración para delinquir por intentar introducir a través de la costa gallega más de 750 kilos de cocaína pura, utilizando un artefacto semisumergible que nunca llegó a navegar.

El continuo traslado del sumergible alertó a la policía

Los preparativos se remontan a 2005. Dos empresarios, Tomás Bengoechea, de Sevilla, apodado El Grande, y Juan Serrano Fernández, de Estepona, conocido como El Apoderado, habían asumido el compromiso de financiar la operación. Desde Majadahonda el delegado del cartel colombiano, Ángel David Ríos Vargas, daba instrucciones a Francisco Omil Navazas, apodado Camisas, condenado en la Operación Nécora y máximo responsable de la organización gallega.

Desde Vigo el operativo lo coordinaba Jesús Iglesias Fernández, que era informado puntualmente de la construcción del submarino por Manuel Clemente Grova, El Ingeniero, encargado de acondicionar los medios náuticos que se emplearían en el transporte. Grova, de 56 años, había diseñado el submarino en una nave anexa a su domicilio, en Gondomar. Ésta sería pilotada por un solo ocupante, Juan Carlos González Filloy, de 45 años, gallego afincado en Tarragona. En su periplo, el artefacto iría acompañado por un velero, el Nadir III, con base en el Club de Yates de Baiona, tripulado por José Manuel González Rodríguez, alias El Mecánico. En febrero de 2006, Manuel Clemente ordenó a una empresa de grúas el traslado del submarino a otra nave de Coruxo. Un mes después se movería a un almacén de San Miguel de Oia y en julio, el sumergible acabó en un astillero de A Guía-Moaña. Tanto traslado levantó las sospechas de la policía, cuyo objetivo era abortar la operación en plena descarga de la cocaína en tierra. Los investigadores controlaron numerosas reuniones en Andalucía, Madrid y Galicia que perfilaron el operativo. Los dueños de la droga pagaron a Grova al menos 100.000 euros para sufragar la construcción y avituallamiento del sumergible y del velero.

La primera botadura se realizó el 4 de agosto con Juan Carlos González a los mandos del sumergible. Los problemas mecánicos detectados frustraron la navegación. Estos inconvenientes retrasaron los preparativos para efectuar el trasbordo de la droga en alta mar y provocó la consiguiente reunión con los intermediarios de los colombianos que exigían una explicación.

Al día siguiente, Grova y Omil se reunieron en el bar Manel de Vigo con el suramericano Jovanni Córdoba, quien, junto a Ángel David Ríos Vargas, representaba en España al dueño de la mercancía, del que las fuerzas de seguridad sólo consiguieron averiguar que se llamaba José Luis. En esta reunión se concertó la fecha y las coordenadas en donde se encontrarían las embarcaciones para entregar la cocaína.