Los comuneros talan parte de un monte vigués que la Xunta protegerá

Ecologistas y comuneros andan a la greña en Nigrán. Los primeros acusan a la comunidad de montes de apurar la deforestación de Monteferro antes de que la Xunta lo declare "paisaje protegido" y los comuneros achacan el conflicto a las "relaciones envenenadas" que generó su anterior directiva. Las talas incontroladas han sido constantes en los últimos años, la última hace unas semanas, paralizada por una denuncia que demostró que se realizaba sin permiso.

Pero el pasado lunes la comunidad de montes comenzó a repoblar con frondosas parte de las hectáreas taladas a mata rasa, concretamente los márgenes de pistas forestales. Es la primera iniciativa coherente para este "sitio costero sobresaliente de singular interés forestal y paisajístico", como lo define el planeamiento municipal.

La comunidad de montes posee 83 hectáreas, que fueron zona militar. Es el único espacio sin urbanizar en el sur de la ría de Vigo, junto a otras parcelas colindantes de particulares. Hace tres años, el inicio de su urbanización hizo saltar las alarmas y surgió la plataforma Salvemos Monteferro.

"Son las consecuencias de 25 años de mangoneo del anterior presidente, Manuel Sito Castro", explica su sucesor, Manuel Alejos, al frente de los comuneros desde 2004. "Tuvimos que echarlos y aún andamos en pleitos". Castro ha tenido que reintegrar 50.000 euros a la comunidad por ventas de madera de las que se había apropiado. La transición entre directivas ha dividido a las familias y ha derivado en actos violentos que también sustanciarán los tribunales. Alejos mete en esa guerra a Salvemos Monteferro a la que acusa de estar al servicio de sus rivales.

Una ayuda de la Diputación para mejorar accesos e instalar farolas movilizó hace tres años a la población que lo interpretó como el primer paso para urbanizar el monte. El desarrollo fue abortado cuando los vecinos impidieron la aprobación del plan general con su asalto al Ayuntamiento. El tratamiento de Monteferro depende de las normas subsidiarias, que reconocen su "singular interés" y prohíben las talas, condiciones que no se cumplieron "prácticamente nunca", según los ecologistas. "De hecho, la comunidad ignoraba que precisaba permiso municipal". El consistorio tardó 36 días desde que recibió la denuncia en suspeder los trabajos. Al amparo de la normativa de Medio Rural contra incendios se desforestaron 25.000 metros, sin viviendas próximas que lo justificaran.

La masa forestal la componen eucaliptos, "pinos muy viejos, que se caen", aclara el presidente de la comunidad, y "la peste invasora de las acacias". Los comuneros no han recibido notificación de la Consellería de Medio Ambiente en relación con la declaración de "paisaje protegido" y las restricciones que entraña. Manuel Alejos señala que aceptarán "siempre que se deriven ventajas" para ellos. Las repoblaciones que se han realizado hasta ahora han sido de pino "de la peor calidad", del que sólo ha sobrevivido el 10%. "El resto se lo comió la maleza, por estar el monte invadido de eucalipto y las calvas que lo demuestran son ostensibles", aseguran los ecologistas. Pero Alejos apunta que esa tónica empieza a cambiar: "Tenemos un proyecto para estacionar la vegetación y empezamos por los márgenes de las pistas forestales de la última tala, donde plantamos carballos y castaños".