Una consultora de la trama de Dorribo gestionó los créditos
Cuando la juez Estela San José hizo estallar la Operación Campeón y ordenó el registro de la sede del Igape y la detención de Joaquín Varela y Carlos Silva, los agentes del servicio policial de Vigilancia Aduanera enviados por el juzgado de instrucción número 3 de Lugo se llevaron documentación de varios expedientes. Entre ellos se encontraban los relacionados con las empresas de la esposa de Silva que obtuvieron créditos del organismo dependiente de la Consellería de Economía.
El hilo que une el entramado empresarial de Josefa Otero Río y el empresario Jorge Dorribo es la consultora Proitec, constituida por socios de Dorribo en otras empresas y cuya plana mayor está imputada. Según las primeras averiguaciones judiciales, Proitec era la consultora encargada de asesorar y gestionar ante la Administración las ayudas presuntamente ilegales recibidas por las empresas de la trama del industrial lucense.
A raíz de esa relación entre Proitec y Procesoil, la instructora del caso accedió al resto de ayudas recibidas por las empresas de la mujer de Carlos Silva, que solo este año, y antes de que se desatara la Operación Campeón, consiguió otros 5,4 millones en créditos. Fuentes conocedoras del caso informaron de que el conselleiro de Economía, Javier Guerra, solicitó un informe interno a los servicios del Igape para conocer el detalle de las ayudas concedidas al entramado de Josefa Otero Río, con la que se entrevistó.
Cuando la esposa de Silva y su socio Humberto López García crearon Galimed Trata, SL, incluyeron en su objeto social el tratamiento y valorización de residuos sanitarios, paso previo al negocio previsto por Dorribo, que pretendía vender desde Andorra a países africanos medicamentos retirados de las farmacias españolas.
