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La crisis de la construcción asfixia a veinte municipios de Pontevedra

El número de viviendas visadas se redujo un 62% en Galicia el año pasado

El bajón de la construcción ha tenido un impacto tal en las arcas de los ayuntamientos que hasta 20 municipios de Pontevedra amenazan con la quiebra, según aseguró ayer el vicepresidente de la Diputación, Xosé Crespo. La crisis del ladrillo y el recorte de ingresos del Estado ha provocado que los ayuntamientos tengan "dificultades para pagar las nóminas". Crespo basa sus conclusiones en un estudio que ha realizado el organismo provincial.

Con este panorama, el año próximo se presenta "catastrófico" si no se toman "medidas urgentes" que pasarían, por ejemplo, por dejar de pagar el IVA que las administraciones locales "no pueden repercutir". A una reducción del 25% en los fondos aportados por del Estado, añade Crespo el Plan E que, según dice, "tiene rabo", por no ser más que "un anticipo a cuenta que agravará aún más la situación".

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Las cifras son abrumadoras: mientras un tercio de la provincia apenas puede hacer frente al salario de los trabajadores, 61 de los 63 ayuntamientos pontevedreses -todos menos Vigo y Pontevedra- "dejaron de ingresar en el periodo 2008-2010 un total de 25,5 millones de euros" por el tijeretazo del Estado. Cangas o Ponteareas son algunos de los consistorios que atraviesan un episodio crítico en lo que a liquidez se refiere.

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La propia Diputación, presidida por Rafael Louzán (PP), tampoco escapa a la crisis, como demostró un reciente informe del interventor provincial. El documento, hecho público por el diputado nacionalista César Mosquera, alertaba de que el organismo quedaría casi en quiebra técnica pues "mantiene una espiral de endeudamiento" que alcanzaría el 96% en 2010 y el 108% un año más tarde, a dos puntos de lo permitido, según explicó entonces el nacionalista. El dato ya lo avanzaban los socialistas un año antes, cuando cifraban los números rojos en 115 millones para 2011.

La próxima semana la Diputación tiene previsto convocar a los alcaldes de los municipios afectados para abordar la situación. Pese a que el organismo provincial no reveló el nombre de esos 20 municipios en apuros para no generar "alarma", el vicepresidente José Manuel Figueroa citó a Cangas, que gobiernan en minoría BNG y PSOE.

Los municipios en crisis no podrán contar con una mejora del negocio inmobiliario para aliviar sus penurias. Así lo ve al menos el tesorero del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), José Antonio González, para quien el sector del ladrillo está "en mínimos vitales" en la comunidad. El número de viviendas visadas se redujo en 2009 hasta las 7.708, un 61,8% menos que el año anterior. El descenso es acusado en las dos ciudades principales, A Coruña y Vigo, con menos visados que Santiago, la única ciudad donde, gracias a la promoción pública impulsada desde el Ayuntamiento, la caída no rebasa el 50%.

El COAG , presentó ayer en Santiago el informe Evolución do visado e estado urbanístico das comarcas e concellos de Galicia, un estudio que elabora cada año. De sus datos "fríos y objetivos", según el presidente de la comisión de visado del COAG, Antonio Freire, se deduce un descenso en todos los sectores. La vivienda pública "no es refugio del sector de la construcción", y cae al igual que la libre, con sólo 440 visados. Únicamente aguanta el embate de la crisis el sector de la rehabilitación de viviendas, que se mantiene estable desde hace una década.

El visado de un arquitecto a un proyecto de obra es un requisito previo a la construcción. Que las certificaciones bajen no conlleva una disminución proporcional de las obras en marcha sino de las nuevas que se planean. "Después de 2010, algo tiene que subir", auguró.

Del informe, destaca que A Coruña y Vigo, con datos casi idénticos -689 y 691 visados, respectivamente- fuesen superados por Santiago, que con la tercera parte de la población alcanza los 866. Este contraste se debe, según Freire, a que en la capital de la comunidad autónoma el Ayuntamiento ha apostado por la rehabilitación de casas antiguas y "se ha convertido en promotor". La concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, atribuye los datos de Santiago no a medidas puntuales tomadas el año pasado, sino a "una política continuada durante la última década".

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