El delegado de la Xunta en Ourense adjudicó a un familiar una obra ilegal
Los socialistas denuncian en el juzgado a Rogelio Martínez por prevaricación
Cuando Rogelio Martínez, el superdelegado de la Xunta en Ourense, era alcalde de Arnoia, aprobó la construcción de un tanatorio en su municipio ubicado en terreno catalogado por Patrimonio: en el cementerio anexo a la iglesia municipal de San Salvador, que figura como "arquitectura religiosa" inventariada. A su lado, el cruceiro tiene una protección especial como Bien de Interés Cultural (BIC). Martínez autorizó la obra, que realizó la empresa de un primo suyo, desoyendo la orden de la Xunta, que entonces lo conminó a paralizarla. La Administración le había advertido de que estaba pasando por alto la normativa sanitaria que impide que las sepulturas, algunas de las cuales hay que pisar para acceder a la sala funeraria, estén a menos de 50 metros de estos recintos. El PSdeG, que comenzó en 2009 a reclamar por la vía institucional el expediente informativo del caso, no ha recibido ninguna respuesta. El silencio del Gobierno gallego ha llevado a los socialistas a denunciar por vía judicial al superdelegado por un presunto delito de prevaricación.
Patrimonio no entregó al PSdeG el informe sobre el tanatorio de Arnoia
El tanatorio de Arnoia fue financiado por la Diputación y la Administración autónoma. Martínez, que adjudicó la obra desde el Ayuntamiento, reconoce que "al menos la parte de la Diputación", de la que él era vicepresidente, la realizó Cruzval, la empresa de su pariente. El representante de Feijóo en Ourense no recuerda si hubo otra adjudicataria "porque de eso hace ya al menos seis años", señala. El PSOE incluye a Cruzval en la "trama empresarial" vinculada a Ceivam (la asociación de desarrollo local creada para recibir subvenciones de la UE) con "el objetivo de malversar ayudas europeas", según consta en la denuncia penal -registrada también por los socialistas ourensanos, que lo acusan en este caso de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude en subvenciones- por la que está siendo ya investigado judicialmente. Por este mismo hecho el superdelegado ourensano fue condenado en sentencia firme por la Audiencia Nacional, que lo declaró culpable de defraudar, desde Ceivam, más de 50.000 euros de ayudas comunitarias mediante la certificación de obras "inexistentes".
Mientras la investigación anterior -están a punto de declarar los últimos testigos- sigue abierta, Martínez se enfrenta a una nueva demanda por la construcción del tanatorio. Según consta en la documentación aportada al juzgado de instrucción de Ribadavia, todos los informes de Patrimonio eran desfavorables, motivo por el que el mencionado departamento de la Xunta, durante el Gobierno bipartito, sancionó al Ayuntamiento de Arnoia con una multa de 5.000 euros.
La secretaria de organización de los socialistas ourensanos y parlamentaria autonómica, María Quintas, acusó ayer al director general de Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel, de haber mentido en sede parlamentaria y pidió su cese "inmediato". En su demanda judicial, el PSdeG aporta el vídeo de la comisión en la que Pichel informa a la diputada socialista de que el expediente que reclama "está ya en el registro" de la Xunta. "Pero allí no aparece", sostiene Quintas, quien además advierte, y consta en la demanda judicial, de que el Parlamento gallego "ha suspendido incluso las comparecencias de los responsables" de explicar en qué situación se encuentra el expediente.
Mientras la parlamentaria denuncia que en la Xunta les dan "largas", el nuevo alcalde de Arnoia y hombre de confianza de Martínez ha aprobado un planeamiento urbanístico que, según declaró a este periódico el superdelegado, "ha legalizado ya el tanatorio"."Los cargos del PP de Ourense se creen que están por encima de la ley", reiteraron ayer en rueda de prensa Quintas y el asesor jurídico del PSdeG, José Arcos. Sostienen que "el incumplimiento de la legalidad a sabiendas debería conducir, como en otros casos, a la inhabilitación política" del representante de la Xunta en Ourense.
Mientras tanto, Martínez quita hierro al asunto y sostiene que la Xunta le envió un escrito hace 15 días legalizando la obra "con la condición de que quitemos una farola y arreglemos una escalera".
"Se empeñaron los curas"
"Fueron los dos curas del pueblo quienes se empeñaron en que hiciéramos ahí el tanatorio", justifica el representante de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, la elección de una zona protegida por Patrimonio para realizar la obra. Sostiene que "el Obispado prefirió esta opción" a la que él les propuso inicialmente "en un terreno de la parte posterior".
Martínez sostiene que el tanatorio se construyó en el mismo lugar en el que "había antes una vieja edificación", un almacén "que quitaba visibilidad". "Con la nueva obra se ve la iglesia desde la carretera", aduce.
El representante del Gobierno de Núñez Feijóo en Ourense reconoce que el Ayuntamiento de Arnoia, que entonces presidía, pagó la sanción impuesta por la Xunta de 5.000 euros pero sostiene que nunca les ordenó "derribar ni parar la obra". "Si no se legalizó a tiempo fue porque estaba incluida en los planes provinciales de la Diputación y tenían un plazo de ejecución".
