La directiva del Colegio veterinario de Ourense ejerce ilegalmente

La directiva del Colegio de Veterinarios de Ourense ejerce ilegalmente sus funciones. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el pasado 3 de marzo en sentencia firme los comicios, celebrados en 2008, de los que salió elegida la junta de gobierno. Pese a la sentencia que obliga a la repetición de las elecciones, la directiva no se da por enterada y sigue tomando decisiones.

De momento, la directiva ilegal ha aprobado los presupuestos de la institución, entre otros acuerdos económicos. El presidente, Juan José Gómez Fernández, y el vicepresidente, Ricardo Ignacio Vecilla, fueron designados por el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, jefes territoriales de los servicios de Conservación da Natureza y de Medio Rural, respectivamente. Son algunos de sus hombres de confianza en la Administración ourensana.

Álvarez también ha denunciado falsedad en documento público

José Luis Álvarez, veterinario colegiado en Ourense encabezó una de las tres candidaturas que se presentaron a la presidencia de la directiva en junio de 2008. Pero Álvarez no solo perdió las elecciones -ahora anuladas por el alto tribunal gallego-, sino también el puesto que desempeña desde 2007 en la delegación provincial de Sanidade. Después de que hubiera denunciado judicialmente los comicios le han "movido" la plaza bajándolo de categoría. No para de presentar recursos.

Álvarez denunció las elecciones y la proclamación de los candidatos electos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, que no le dio la razón. Inmediatamente recurrió al alto tribunal gallego.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la anulación de los comicios porque no le consta que las candidaturas que se presentaron a la directiva del colegio "fuesen previa y oportunamente publicitadas" ni tampoco que se enviaran por correo "a los electores por parte de dicha administración". Sin embargo, se recibieron votos por correo "incluso después del plazo normativamente establecido", recoge en su sentencia el TSXG, aunque precisa que el resulto fue "irrelevante". La candidatura ganadora se impuso con el 74% de los votos.

José Luis Álvarez no solo recurrió a la denuncia civil. Presentó también demanda penal por supuesta "falsedad en documento público" para la depuración de las "responsabilidades" en que puedan estar incurriendo los miembros de la directiva que siguen tomando decisiones al frente del organismo.

Los dos jefes territoriales de la Xunta, que continúan al frente de la directiva del colegio de veterinarios, se han autoimputado en el proceso penal abierto. Esto es, que tienen derecho a letrado, a no contestar las preguntas que no deseen y a no confesarse culpables.

Mientras tanto, el candidato que removió cielo y tierra contra el proceso electoral ahora anulado, insta al juzgado ourensano que no le dio la razón a que obligue a cumplir la sentencia del tribunal gallego.

Junto a ello, Álcarez ha recurrido ante la Consellería de Facenda la resolución, de fecha de 17 de marzo pasado, por la que se le adscribe provisionalmente al puesto de inspector técnico veterinario de salud pública, de nivel 24, tras cesarlo en su puesto de director técnico sanitario de industrias de alimentación, con nivel 25, puesto al que accedió en 2007 mediante concurso, según consta en el recurso de reposición que ha presentado. "Esto es una trama y ahora vienen a por mí", resume el veterinario ourensano su peripecia.

La directiva ha colgado en la página web del Colegio la convocatoria de una asamblea ordinaria para el día 24. En el orden del día se incluye la "aprobación de la liquidación de presupuestos de 2010 y el balance general.