El hospital del Barbanza plantea privatizar el servicio de diálisis

El hospital del Barbanza no da abasto para atender a los pacientes que precisan diálisis. Con el personal del que dispone, puede abrir tres días en semana y solo tiene capacidad para 12 enfermos en cada sesión. El resto tiene que acudir a Santiago. Su gerente, Luis González Taboada, reconoce que está planteándose ceder este servicio a una fundación privada sin ánimo de lucro para poder abrirlo todos los días.

Un grupo de trabajadores acudió ayer a la sede del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a presentar 2.000 firmas contra otra de las carencias del centro: la ausencia de celadores. La presidenta del comité de empresa, María Rodríguez, denunció que la fundación a la que se le ceda la gestión "no tiene que cumplir los requisitos de personal que se marca el Sergas y no mantiene un nefrólogo permanentemente mientras se realiza la diálisis, sino que este solo visita a los pacientes cada 15 días".

Policías autonómicos impidieron que los medios captasen la entrega de rúbricas

La organización con la que el hospital ya ha tenido los primeros contactos es la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (Friat). "Nos pusimos en contacto con ellos para que nos hicieran una propuesta para tenerla en cuenta como una solución más al problema. Vinieron a evaluar la situación, pero todo está por decidir", explica el gerente. Esta fundación ya trabaja desde hace años en otros tres hospitales del Sergas.

Otra de las grandes reivindicaciones, la de los celadores, también es reconocida por González Taboada. "Es una carencia histórica. Cuando el hospital empezó a funcionar en 1998 no había. Durante el proceso de integración en el Sergas, que comenzó en 2007 y concluyó en 2009, no se planteó como necesario. Ahora tiene una solución complicada por dificultades técnicas y presupuestarias", continúa el gerente.

Cuando trabajadores del hospital, acompañados por el diputado socialista José Manuel Lage y la nacionalista Ana Luisa Bouza llegaron al Sergas ayer, encontraron que les esperaban seis agentes de la policía autonómica. Su función, según dijeron, por órdenes de la secretaria general técnica de Sanidade, era impedir a los medios captar el momento de la entrega de firmas.