El juez y el fiscal apoyan el indulto a 'Os tres do Eixo'

Tanto el fiscal como los jueces que intervinieron en el caso de Os Tres do Eixo recomiendan el indulto de estos vecinos de Santiago condenados por un delito de lesiones a un policía nacional, pero el Gobierno central sigue negándoles el perdón.

Después de que en 2007 llegase denegada la primera solicitud de indulto, a principios de 2008 volvieron a presentarla y aún no han recibido respuesta. Cuentan con el respaldo de 12.000 firmas de ciudadanos, escritos a favor firmados por políticos e intelectuales e incluso tienen el apoyo del Parlamento de Galicia. A esto se sumó, primero, el informe favorable de los tres jueces que en 2003 condenaron a José Moreira, Jesús Montoiro y Simón Márquez a siete años de prisión y a pagar una indemnización de 157.000 euros. El fiscal, finalmente, ha tomado la misma decisión.

Tanto los jueces como el fiscal piden el indulto parcial (de los siete años de prisión ya han cumplido uno y medio). En sus escritos, argumentan que los solicitantes han pagado ya la parte principal de la indemnización, que están "integrados socialmente" y que siempre se han "comportado dentro del respeto a las normas básicas de convivencia".

"Resulta clara la ausencia de peligrosidad" de los condenados "y su compromiso cívico", reconocen los jueces. "Es elocuente el amplio apoyo social e institucional a la solicitud de indulto", añade el fiscal, que considera que la agresión al policía en 1998 fue "un hecho aislado".

Ahora, los de O Eixo sólo se siguen encontrando con la oposición de los sindicatos policiales, y éstos aseguran que no enviarán un escrito a Interior recomendando el indulto hasta que los presos "se arrepientan". "Queremos un sencillo acto de disculpa, que puede ser privado. No pedimos que se flagelen, pero que se arrepientan", reclaman. Pero para que haya arrepentimiento es necesario admitir el delito, y ellos sostienen que no hubo agresión.

A las nueve y media, después de cenar, Simón Márquez y Jesús Montoiro se despiden de sus familias, montan en el coche y enfilan esa arriesgada cuesta que los lleva al trullo. La misma carretera empinada en la que se embalan los camiones y cuya peligrosidad obligó a los vecinos de la parroquia compostelana de O Eixo a manifestarse en julio de 1998. Una de aquellas protestas acabó nueve años después, el 31 de octubre de 2007, con tres ciudadanos entrando en prisión, según la sentencia que los condenó a siete años, por causar daños psíquicos "irreparables" a un policía nacional.

Después de pasar mes y medio en la penitenciaría de Teixeiro, Os tres do Eixo lograron permiso para salir a trabajar. Hace dos meses, José Moreira, propietario de una librería en Santiago, consiguió el tercer grado y ahora ya no tiene que acompañar a Simón y a Jesús todas las noches. A cambio, anda anillado. Lleva puesta permanentemente la pulsera localizadora. La policía vigila sus movimientos vía satélite, y entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana tiene que estarse quieto en casa. Si no cumple con el horario, se arriesga a volver a prisión.

También entre las 11 y las 7, Simón y Jesús tienen que estar en la cárcel. Después de subir la cuesta en dirección a Santiago, giran la rotonda y desaparecen por la autopista. Ahora ya no duermen en Teixeiro, sino en la prisión de A Coruña, en un lugar azotado por el viento junto a la Torre de Hércules, en celdas individuales sin calefacción. Dicen que no pasan frío. Las viejas instalaciones están pendientes de traslado a un inmueble nuevo. Por lo que cuentan, explica José Manuel Bocija, portavoz de la asociación vecinal de O Eixo, "aquello es repugnante". "Al llegar, ellos mismos tuvieron que desinfectarlo todo con lejía", apostilla Julio Nieves, vicepresidente del colectivo, que ahora ha tomado las riendas porque el presidente es uno de los presos, Jesús Montoiro.

Por higiene, Jesús y Simón llevan su propio saco, madrugan mucho y esperan a volver a casa para ducharse y desayunar. Para ellos es importante estar el menor tiempo posible en este centro de inserción social de A Coruña. Los fines de semana pueden quedarse con sus familias, pero tienen que pedir autorización cada lunes y es posible que no se la den. Cuando a diario marcha a dormir a la cárcel, Jesús, de 45 años, se despide de su mujer y de sus dos niños pequeños. El chaval, que ya cumplió los 11, sabe de sobra adónde va su padre. La niña, de tres, sigue creyendo que se va a trabajar, porque eso de ser chófer de la Xunta es muy esclavo. Las familias de Os tres do Eixo están todavía más derrumbadas que ellos mismos. Hasta hace poco, la asociación vecinal se reunía con ellas todos los martes para levantarles la moral. Ahora, reconoce Julio Nieves, "la cosa se va enfriando y ya sólo nos juntamos una vez al mes".

Simón, fontanero de 30 años, tuvo que posponer la boda que ya estaba planeando con su novia. Hace ya muchos meses que no toma ninguna decisión, esperando una respuesta del Gobierno central que no llega. Después de que viniese denegada la primera solicitud de indulto, volvieron a pedirla. Ahora cuentan con los informes favorables del fiscal y de los jueces, pero los de O Eixo siguen cumpliendo condena. En Interior, esto no pesa. Ni pesan las 12.000 firmas de apoyo, los escritos de muchos alcaldes, entre ellos el de Santiago, muchas instituciones, muchos intelectuales, el anterior presidente de la Xunta e incluso el Parlamento de Galicia.

Esta vez, La Moncloa ni siquiera responde a la petición de indulto. "Por lo menos, que la denieguen", protesta Bocija, "porque esta incertidumbre no se aguanta". El Consello de Relacións Veciñais de Santiago solicitó en marzo sendas reuniones con los ministros de Interior y Justicia para preguntar qué pasa, pero tampoco ha habido contestación. Ahora planea pedir ayuda a Feijóo.

Bocija lee siempre el BOE y va llevando la cuenta de los indultos que concede el Consejo de Ministros. Este año ya van más de 200, la mayoría por "delitos contra la salud pública", narcotraficantes condenados hasta con nueve años de cadena que, sin ningún tipo de respaldo popular, son perdonados. "Nos consta que el ministro del Interior está acobardado", denuncia el portavoz vecinal. "La presión viene de los sindicatos de policía, un clan corporativista que tiene dominado a Rubalcaba. Es la corrupción total".