Un juez obliga a Fadesa a pagar el triple a los expropiados de O Pino
La sentencia revoca la decisión del alcalde de rechazar alegaciones de los vecinos
El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña acaba de asestar otro revés a Martinsa-Fadesa en una sentencia sobre el polémico polígono industrial que promueve en el municipio de O Pino. Después de que el Jurado de Expropiación de Galicia fijase el precio del metro cuadrado de las fincas en 17,53 euros -que la promotora había pagado a seis euros-, el juez ha estimado el primer recurso firmado por una veintena de propietarios contra la decisión del alcalde popular, Manuel Taboada, de desestimar sus alegaciones por considerarlas fuera de plazo.
El regidor había despachado a principios de 2007 las reivindicaciones de los vecinos con el argumento de que el plazo de 20 días para presentar reclamaciones empezó a contar desde que los propietarios recibieron comunicaciones oficiales de la alcaldía y no desde la publicación en el Diario Oficial de Galicia. La setencia anula las resoluciones y ordena al gobierno local de O Pino que emita los expedientes al Jurado de Expropiación. Este primer fallo del juez da derecho a los dueños de las tierras a percibir el triple de la cantidad que Fadesa pretendía pagar por los terrenos. Otros dos juzgados de lo contencioso deberán valorar reclamaciones similares efectudadas por propietarios que en su conjunto suman 600.000 metros cuadrados del millón que integran el polígono industrial. La decisión del juzgado supone incrementar en más de siete millones de euros el coste de los terrenos del polígono empresarial.
El fallo del juzgado agrava todavía más la situación económica de la promotora Martínsa Fadesa, obligada ahora a presentar un aval por 70 millones de euros para seguir con el proyecto de parque industrial. La decisión del juezgado notificada ayer a las partes deja la puerta abierta a nuevas reclamaciones de particulares ante el juzgado de lo contencioso.
Pese a que el Jurado de Expropiación dependiente de Política Territorial fijó en 17,53 euros el precio por metro cuadrado de los terrenos, los dueños de las fincas reclaman 110 euros y no han descartado recurrir la decisión del organismo de la Xunta. Desde hace una semanas, Fadesa ha encargado a la consultora inmobiliaria Richard Ellis que coloque el polígono industrial en el mercado a cambio de 93 millones de euros.
La sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de A Coruña tampoco deja en buen lugar al alcalde popular de O Pino, Manuel Taboada, quien a través de varias cartas recomendó a sus vecinos vender las fincas a un precio de seis euros el metro cuadrado. Los propietarios que firmaron voluntariamente las actuas de expropiación y que agrupan una superficie de 400.000 metros cuadrados, la mitad del polígono, ya no podrán presentar alegaciones ni se verán beneficiados por la decisión del Jurado de Expropiaciones que triplica el valor de las tierras.
No es en todo caso, el primer revés que Taboada recibe de los juzgados en relación con este caso. El juez de Arzúa mantiene imputado al regidor por una denuncia de sus propios vecinos que lo acusan de prevaricar en favor de la promotora. Y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó hace semanas un recurso del alcalde contra la decisión de la Consellería de Cultura de paralizar las obras por entender que los trabajos podían invadir una traza histórica del Camino de Santiago.
Fin a las voladuras
La otra mitad de la urbanización también está parada en virtud de una orden de Augas de Galicia que acusa a las subcontratas de la obra de modificar el cauce de varios arroyos. Pese a ello, los vecinos han denunciado que los trabajos continúan en la extensa explanada de un millón de metros cuadrados que linda con el aeropuerto de Santiago. La Delegación del Gobierno acaba de incoar expediente sancionador a Fadesa y una subcontrata por realizar voladuras de desmonte con explosivos en el polígono.
