Una juez obliga a Louzán a usar el gallego en su boletín
La Diputación pontevedresa incumplía su propia normativa lingüística
Cumplidamente algunas, a regañadientes otras, las administraciones de Galicia fueron adoptando paulatinamente el gallego para sus comunicaciones oficiales. La Diputación de Pontevedra se resiste, sin embargo, a pasar a la lengua propia de Galicia su boletín oficial, que emite diariamente. Aunque las comunicaciones se mantienen en el idioma original -en castellano las que vienen del Estado, en gallego las que proceden de Ayuntamientos-, tanto el encabezamiento como los índices y apartados de la publicación siguen figurando en español. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra emitió el mes pasado una sentencia en la que obliga a la institución provincial que preside el popular Rafael Louzán a corregir la situación.
La sentencia responde a la demanda de un exdiputado del BNG
La resolución judicial, que tiene fecha del 15 de julio, responde a una demanda de Gabriel Martínez, concejal del BNG en Salvaterra y diputado provincial por el partido judicial de Ponteareas hasta las pasadas elecciones. Martínez reclamó en dos ocasiones a la Diputación por vía administrativa en 2010 que corrigiese la práctica. En ambas ocasiones su petición fue rechazada, con argumentos como el de que sería inconstitucional "deducir que el gallego es lengua de uso normal y preferente de la Administración Local".
Martínez llevó entonces la cuestión al juzgado. El resultado es una sentencia, redactada por la magistrada Mónica Sánchez, que echa por tierra un razonamiento que difícilmente casa con el Estatuto de Autonomía, la Lei de Normalización Lingüística y las propias ordenanzas del uso de las lenguas de la Diputación.
En sus fundamentos, la magistrada recuerda lo que en teoría es una verdad compartida por todos los partidos del espectro político: "No puede obviarse que, en atención a la situación vivida por la lengua gallega en el periodo preconstitucional, con su alejamiento de los ámbitos oficiales y consecuente pérdida de uso, existe un consenso político y social para la promoción de la lengua propia plasmado en el Estatuto que indica que el uso del gallego no solo se garantizará por los poderes públicos sino que se potenciará".
La magistrada recuerda que hay dos ordenanzas de la propia Diputación pontevedresa -una de 1989 y otra aprobada el año pasado- por las que la institución se compromete a emplear el gallego. Sobre esta última, que regula específicamente el régimen del boletín provincial y prescribe aludir al mismo con su nombre en gallego, insiste: "Ni siquiera la denominación del boletín cumple con lo que se dispone en la ordenanza, ni tampoco lo hace la denominación de las secciones, ni la de la propia administración provincial que figura en la publicación, apareciendo únicamente en castellano". Y añade la juez en su resolución que tampoco el "texto genérico" como la fecha, o las indicaciones en el encabezamiento respecto a la edición están redactadas en gallego.
Gabriel Martínez expresó ayer su satisfacción por la sentencia. "Lo que reclamábamos no era nada fuera de la ley, pero en la Diputación pasaron olímpicamente", recuerda el exdiputado provincial, que señala que su intención no era que todos los anuncios del boletín estuviesen en gallego. En ello incide también la resolución judicial cuando señala que "en contra de lo que parece entender la administración demandada, no es cierto que la parte recurrente pretenda la publicación íntegra del Boletín en gallego, sino que se dé cumplimiento a la normativa, incluida la que ella misma aprobó".
Un portavoz de la Diputación no aclaró ayer si la institución planea o no recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza. Esta misma fuente señala que la persistencia en publicar los encabezamientos del boletín -que se edita desde principios de año únicamente en versión electrónica- se debe a "la inercia de toda la vida".
