El ladrillo entra en las urnas

El urbanismo se ha convertido en la principal pelea electoral del año. Es lógico. Los alcaldes quieren construir otra Galicia, exactamente el doble de edificada que la actual. Según los datos de las consellerías de Vivenda (BNG) y Política Territorial (PSOE), en toda la historia de Galicia se edificaron 22 millones de metros cuadrados; los planes urbanísticos previstos por los ayuntamientos prevén ocupar ahora 22 millones de metros cuadrados más.

"Es una presión brutal que nos destroza de arriba abajo el país". Esta declaración del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, no fue realizada ante un enfervorizado auditorio de ecologistas si no ante los 100 empresarios más importantes de Galicia, entre ellos alguno de los mayores promotores inmobiliarios de España, como Manuel Jove.

Sólo un municipio costero cumple la Ley del Suelo: aumenta un 297% su edificabilidad

Maceiras: "A Pobra es un pueblo bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito"

El mayor problema del urbanismo es que no pasa de ser un tigre de papel. Sea cual sea la magnitud de la aberración urbanística, se acaba haciendo; sea en la Plaza de España de Ferrol, en el muelle de Canido (Vigo), en Fisterra, junto a las termas de Ourense o en la muralla de Lugo

El mejor ejemplo fue destacado ayer en el Parlamento de Galicia. María José Caride, la conselleira de Política Territorial. Caride lamentó que sólo uno de los 86 ayuntamientos costeros haya adaptado su urbanismo a la nueva Lei do Solo de Galicia. Se trata de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), uno de los privilegiados pequeños pueblos de la costa gallega. Pues bien, aunque A Pobra apenas aumenta población su nuevo plan triplica la edificabilidad del pueblo.

"A Pobra es un pueblo que nació bonito, es bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito. Eso es una garantía", explicó ayer a este periódico Isaac Maceiras (PP), alcalde y candidato a la reelección. Cualquier alcalde, sea de Nigrán, Sanxenxo, Lugo o Vigo, dice lo mismo. El que lo hace mal siempre es el alcalde de al lado.

¿Es lógico que el único pueblo costero de Galicia que cumple la ley aumente su edificabilidad en un 297%? La verdad es que, a tenor de los datos, puede no ser lógico pero se ha convertido en lo habitual. Los planes urbanísticos que afectan a los 1.300 kilómetros de costa gallega (86 ayuntamientos) prevén edificar 800.000 viviendas. Es más que lo que quieren edificar los municipios de la Costa del Sol (Marbella incluida) y, como decía Emilio Pérez Touriño, tanto como lo que se ha edificado hasta ahora (816.000 viviendas en toda la historia de los municipios del litoral de Galicia).

Por eso no resulta ninguna exageración hablar de la marbellización de la costa gallega. Según los datos del Informe de Sostenibilidad de España, Galicia ya tiene ocupado el 15% de su primer kilómetro de costa con superficies artificiales. Es un destrozo superior al de autonomías mucho más turísticas como Baleares o Canarias. En áreas como la de la ría de Vigo, la ocupación artificial de esos primeros 1.000 metros de costa llega al 35%.

El urbanismo preocupa a los ecologistas, pero también al resto de los votantes. Los alcaldes suelen decir que las recalificaciones permiten el crecimiento económico y la financiación de las arcas municipales. No es cierto. Un informe que acaba de divulgar el Consello de Contas de Galicia revela que el urbanismo sólo aporta el 3% del dinero que gastan las siete principales ciudades gallegas, la mitad, por ejemplo, que la deuda con la que esos mismos municipios deben financiar las obras para dar servicios a las nuevas urbanizaciones (depuradoras, abastecimiento de aguas, carreteras, alumbrado o limpieza).

Lo que sí se ha probado, en algún caso, es que las recalificaciones financian los bolsillos de concejales. En el caso Gondomar un concejal fue sorprendido, filmado y grabado mientras cobraba un cazo urbanístico en el cuarto de baño de una cafetería de Vigo. La noticia sorprendió menos que el hecho de que el fiscal ni siquiera pidiese cárcel para el acusado. La corrupción urbanística sale judicialmente demasiado barata.

Realmente, la edificación de viviendas, adosados y grandes urbanizaciones sólo aporta a los ayuntamientos de Galicia el 2,5% del Impuesto de Construcciones y Obras (ICOI) y un 1,5% por las tasas de licencia. Pero incluso estas cantidades son presupuestadas por los propios promotores al realizar sus presupuestos de inversión. El estudio del Consello de Contas, dirigido por el profesor Xaquín Álvarez Corbacho, denuncia esta situación y advierte de la falsedad del argumento que sitúa al urbanismo gallego en el centro del problema de financiación de los ayuntamientos. Quepa o no, el ladrillo entrará en las urnas.