El 'narco' Oubiña debe al Estado más de 100 millones de euros en multas

Las asociaciones de ayuda al toxicómano exigen que no sea excarcelado sin pagar

Vilagarcía - 13 feb 2007 - 00:00CET

El narcotraficante Laureano Oubiña tiene pendientes de pago multas por valor de más de 100 millones de euros derivadas de tres condenas judiciales por tráfico de hachís. Esta deuda no impedirá que Oubiña obtenga en pocas semanas la libertad condicional, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Su excarcelación se producirá gracias a la refundición de sus condenas que ha admitido un auto de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y que revoca anteriores resoluciones de los tribunales que le condenaron, del fiscal y del juez de vigilancia penitenciaria.

La actual legislación impone a los traficantes de droga elevadas multas en concepto de indemnizaciones pero no de responsabilidad civil. "Esta es la gran contradicción de la ley, porque no se considera un daño a la sociedad sino al Estado, lo cual les permite salir de la cárcel sin haberlas liquidado", indicaron las fuentes judiciales consultadas. El Gobierno prepara una reforma para cambiar este aspecto de la actual legislación, pero no se podrá aplicar con carácter retroactivo.

La presidenta de la Federación Galega de Asociaciones de Ayuda al Toxicómano, Carmen Avendaño, calificó ayer de "inadmisible" la próxima excarcelación de Oubiña, lograda tras una apelación contra la que no cabe recurso. Avendaño cree que antes de abandonar la prisión, Oubiña debe saldar sus cuentas con el Estado y pagar hasta el último céntimo.

Recordó Avendaño que "la norma que está aplicando la Administración penitenciaria es que no se conceda la libertad condicional, al cumplir las tres cuartas partes de la condena, si tiene multas pendientes". "Y que yo sepa", agregó, "este señor debe todavía muchos millones al Estado, en concepto de multas por narcotráfico. Esto es muy importante y si ahora es de otra manera están desmontando lo que hasta ahora era una regla de general aplicación".

La primera condena en firme contra Oubiña, en el juicio por la llamada Operación Nécora, fue por delito fiscal y le supuso una multa de 1.800 millones de pesetas. La Audiencia Nacional intentó saldarla con el decomiso del Pazo de Baión en 1999, en el que Oubiña aparecía como su presunto dueño. Pero en el juicio, la Fiscalía Antidroga retiró esta acusación de blanqueo de dinero por falta de pruebas. En 1999 fue condenado por tráfico de hachís y se le impuso una multa de 2.400 millones de pesetas. En otra condena posterior por el mismo motivo la sanción se elevó a 7.500 millones. En la última condena, el pasado año, por la introducción de 12 toneladas de hachís, la multa se elevó a 60 millones de euros.

Respecto al auto que permitirá la excarcelación del narco, Avendaño señaló: "Respetando la decisión de los jueces, que nosotros sepamos, es la primera vez que se consigue algo así, puesto que hay pronunciamientos del Tribunal Supremo siempre denegando la refundición de condenas ya cumplidas. En este caso, no sabemos qué criterios emplea la Sala para que puedan permitirle a este señor salir de la cárcel dos años antes de que extinga la condena".

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"Nos parece un trato de favor descarado para un señor que desde luego no se lo merece y una decisión judicial con la que, evidentemente, no estamos de acuerdo, pero hay que respetar y conformarse. Pero también nos parece una oportunidad para que otros puedan reclamar el mismo trato", advirtió Avendaño.

Las asociaciones de ayuda al toxicómano exigirán que se apliquen los mismos criterios a "cientos de personas, con problemas de drogadicción, que están en la cárcel desde hace muchos años, víctimas de estos señores a los que no se les aplica ningún privilegio". "Que se les aplique esta doctrina con igual fervor y contundencia", añadió Avendaño. La presidenta de la federación aludió al largo historial de Oubiña, "una persona que ha sido reincidente". "Queremos saber qué nos van a contestar cuando pidamos la excarcelación de tantas personas porque creemos que la justicia es imparcial y que no se trata de una aplicación puntual para personajes de renombre".

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, el socialista Javier Gago, no quiso valorar el auto de la Audiencia. "Estas decisiones las toman los jueces y hay que acatarlas, nos gusten o no. A los ciudadanos sólo nos queda respetarlas", afirmó.

Laureano Oubiña, a la salida de la Audiencia Nacional en noviembre de 2000.ULY MARTÍN

Sin Cohíbas en prisión

Dentro de su condición de narcotraficante, ahora arrepentido y con propósito de enmienda (según él mismo ha declarado en un reciente escrito dirigido a los funcionarios de la cárcel), Laureano Oubiña Piñeiro es un delincuente que ha traficado con hachís, una sustancia estupefaciente que "no causa grave daño para la salud pública", según se admite en el propio Código Penal.

Al ciudadano de a pie siempre le han llamado la atención las condenas de Oubiña, mínimas si se comparan con las del traficante de cocaína o de heroína, y para un hombre que ha ejercido de capo con gran popularidad y presencia en los medios de comunicación. Pero los códigos penales y las circunstancias han jugado a su favor, todo ello unido a un regimiento de abogados que han creído en él, y que incluso, se asociaron con Oubiña en sus empresas. La única gran batalla legal que perdió fue por el control del Pazo de Baión, la emblemática mansión próxima a Vilagarcía, pero, a cambio, en ese mismo proceso se evitó siete años más de cárcel.

Han sido condenas leves pero que en algunos casos constituyen la máxima pena, seis años de privación de libertad, que se puede aplicar a un traficante de una sustancia como el hachís. Otra cosa es la sanción que estipulen los tribunales y que en el caso de Oubiña podrían llevar a la ruina a cualquiera. Pero Laureano presumió de pobre y también de analfabeto. Todos recuerdan sus zuecos como parte de la indumentaria de comediante que exhibió en el juicio del caso Nécora, en 1994.

Han pasado 13 años desde entonces, y ahora de Oubiña dicen que es un preso sin manchas en su expediente, si acaso algún rifirrafe sin importancia con algún funcionario. Aunque no deja de quejarse por cualquier cosa, en la cárcel le respetan y tiene las cuentas de su peculio con saldo suficiente para adquirir cualquier alimento o producto de droguería en el demandadero del centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), donde lleva internado más de un año. Además de tener suficiente dinero para comprar chucherías, no para de escribir sus quejas a mano y con una perfecta caligrafía.

Pero sólo hay una cosa que no ha podido conseguir en estos cuatro años de cautiverio: sus queridos habanos marca Cohíbas. Ya en 2004 solicitó que incluyeran estos puros en la lista de productos a la venta. Pero las autoridades penitenciarias desestimaron su queja porque, argumentaron, los Cohíbas "no son artículo de primera necesidad".