Los nuevos colegios concertados se saltan las normas de admisión

Los alumnos de tres años que este curso estudian gratis (subvencionados con fondos públicos) en el selecto y ultracatólico colegio Miraflores de Ourense no pasaron el criterio de selección que establece la normativa de la Xunta. El centro cerró el plazo de matrícula el pasado marzo. La dirección ya había solicitado el concierto, y el comité de evaluación provincial -no vinculante- lo había informado favorablemente, aunque faltaba la aprobación de la consellería. Pero la población no se enteró hasta agosto (el 19 de ese mes se publicó en el DOG) de que esa aula quedaba subvencionada con fondos públicos y de que, por lo tanto, podía aspirar a matricular a sus hijos gratis. Al día siguiente de que la Xunta autorizara el concierto, el colegio ya no admitía matrículas. Cerró su plazo en marzo, según confirman fuentes de Educación, que justifican la "normalidad" de este hecho en que "en ese momento, el centro era privado y no estaba sujeto a los controles administrativos a los que se someten los centros sostenidos con fondos públicos". La práctica es habitual en los nuevos centros concertados.

La consellería ve normal que el colegio aplique su criterio de selección

Cuando los padres del municipio quisieron hacer la matrícula, era tarde

El colegio Miraflores tenía en el curso pasado siete alumnos en el aula de cuarto curso de Infantil (niños de tres años) a la que se le concedió la subvención. En marzo, triplicó la matrícula y obtuvo el tope máximo de 25 niños para poder suscribir el concierto, según confirman las mismas fuentes de la consellería. Los matriculados no pasaron los criterios de selección que establece la Xunta (y entre los que figura como prioritaria la proximidad geográfica al domicilio familiar o al lugar de trabajo de los padres, el nivel de renta, la condición de familia numerosa y tener otros hermanos matriculados en el mismo centro).

La normativa relativa a matriculación de la Consellería de Educación establece que "los padres y madres tienen derecho a elegir centro docente entre la oferta de centros sostenidos con fondos públicos", pero los de los alumnos del municipio de Pereiro de Aguiar no lo tuvieron. No se enteraron hasta agosto (cuando ya no había plazas) de que sus hijos podían estudiar en el selecto y bien dotado centro en lugar de hacerlo en el público, Ben-Cho-Shey, donde Educación ha suprimido un profesor y ha creado un aula mixta de alumnos de distintos cursos académicos atendidos en el mismo horario por un solo maestro.

La consellería considera normal el proceso de admisión de los alumnos y asegura-citando fuentes del centro- que las matrículas se realizaron "por riguroso orden de solicitud". Educación puntualiza que el proceso de admisión "fuera cual fuere, se hizo según el criterio del colegio cuya unidad concertada sí que se verá sometida a partir de ahora a todo tipo de control".

Padres de alumnos domiciliados en el municipio de Pereiro de Aguiar en el que se enclava este centro -junto al también privado Guillelme Brown y al público Ben-Cho-Shey- aseguran que no tuvieron noticia alguna de que podían llevar a sus hijos a ese colegio. Y tienen difícil poder acceder en próximos cursos. "Nosotros nos sabíamos que lo iban a concertar pero, por lo que se ve, ellos sí, ya que avisaron a los suyos para que se matricularan", destaca un portavoz del Anpa del Ben-Cho-Shey.

El concierto que la Xunta concedió al aula de Infantil del colegio Miraflores se irá ampliado -como ocurre con todos los conciertos- año a año, de forma que estos niños podrán finalizar sus estudios en el centro y tendrán, en todo caso, prioridad sobre los restantes. Es lo que ha ocurrido este año con el también colegio privado -en este caso de ideología progresista- de Pereiro de Aguiar, Guillelme Brown. Educación le concedió el curso anterior el concierto que automáticamente se amplió este año.

El responsable de Educación de CC OO en Galicia, José Fuentes, advierte de que esta práctica de matriculación que la consellería autoriza es "fraudulenta". "Educación buscó un resquicio en la ley para permitir que colegios como en este caso el Miraflores matriculen a los suyos con dinero público en lugar de a los alumnos del pueblo". Los sindicatos reclaman que las matrículas de los concertados las concedan "comisiones de escolarización externas al centro y vinculadas a la Administración, que es la que aporta el dinero". Creen que sería la única forma de impedir que el colegio "ofrezca a los suyos plazas que pagamos todos, incumpliendo los criterios de selección que impone la Administración.