La oposición protesta unida para denunciar un "ataque a la democracia"
El PP tacha a Vázquez de "cínico" por "cobrar de la sanidad privada"
El PP aplicó ayer su mayoría en el Parlamento para modificar de una tacada 24 leyes autonómicas. Lo hizo con la denominada ley de acompañamiento de los Presupuestos, técnicamente, Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que supone la modificación de normas que poco o nada tienen que ver con las cuentas de la comunidad autónoma, como por ejemplo la desprotección de los suelos rústicos protegidos. Para la conselleira de Facenda, se trata de una ley justificada en la situación de "incertidumbre económica", para desarrollar las políticas del Gobierno gallego.
El rechazo del PP a las enmiendas a la totalidad permitió que el proyecto de ley iniciara su tramitación parlamentaria. A pesar del gran número de leyes que trastoca, la norma carece de informes de la Asesoría Xurídica de la Xunta y del Consello Económico e Social de Galicia. Todo ello sirvió a la oposición para atacarla con munición de grueso calibre. La calificó de antidemocrática, ilegal, opaca, tramposa, improvisada, fraudulenta, oscurantista... Llegado el momento de la votación, los 37 diputados de la oposición se levantaron de sus asientos y exhibieron carteles en los que tachaban la ley de "ataque a la democracia". "¡El bipartito!", se lo oyó exclamar con ironía a Feijóo desde su escaño, al contemplar la protesta conjunta de PSdeG y Bloque.
PSOE y BNG tachan la ley de acompañamiento de "antidemocrática"
Durante el debate previo, fue el diputado del PP Pedro Puy quien salió en auxilio de la Xunta. Lo hizo con la acusación a la oposición de "montar el lío porque no le gusta el contenido". La ley, afirmó, demuestra que el Gobierno gallego "tiene política económica". Pese a la carencia de informes, Puy consideró que el trámite es el "ordinario", ya que los grupos tienen la posibilidad de presentar enmiendas al articulado. De ahí que el diputado popular se preguntara por qué la oposición traslada el debate "hacia la técnica legislativa".
El proyecto que ayer inició su trámite parlamentario modifica, entre muchas otras, leyes como las de Prevención de Incendios, Eólica, del Suelo y de Función Pública. Los cambios más controvertidos son los que afectan a las dos últimas. La de Función Pública permitirá recuperar el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio. La del Suelo suprime seis categorías de suelo protegido -según la Xunta, por un error que será enmendado por el PP-, mientras que abre las dos restantes, de protección forestal y agropecuaria, a la implantación de parques industriales. A través de varias de las 15 enmiendas del grupo popular, la ley de acompañamiento intentará rectificar el plan sectorial del parque industrial de Salvaterra (Plisan), ante los obstáculos judiciales que afectan al proyecto de una planta de baterías de litio de Mitsubishi.
La socialista María José Caride y el nacionalista Fernando Blanco cuestionaron qué tienen que ver los suelos protegidos con los Presupuestos. Caride preguntó a la conselleira si "no le da vergüenza" la "desprotección del suelo rústico", y "a quién favorecerá". Lo hizo junto a un ataque a la "vuelta a las viejas mañas" del PP, en alusión a las leyes de acompañamiento de los Gobiernos de Fraga. En la misma línea, Blanco acusó a Feijóo de recuperar una figura legislativa "abandonada" para nombrar "a dedo" a los jefes de servicio de la Xunta y para "desregularizar el suelo rústico".
Pero el pleno tenía reservadas más broncas. De desatarlas se encargó personalmente el diputado del PP Miguel Santalices, que en el debate de una moción del BNG sobre la financiación privada de los centros de salud, tachó de "cínico" al líder del PSdeG, Pachi Vázquez, por acudir el domingo a la manifestación en defensa de la sanidad pública cuando sus ingresos, afirmó, "proceden de la medicina privada, y no son pequeños". Santalices también se dirigió a la socialista Mar Barcón, que en ese momento dejaba su escaño, para pedirle que no lo hiciera, porque "de esto usted también sabe", ya que "compartió una clínica privada".
Las acusaciones de Santalices desataron las protestas de los socialistas, replicadas por los golpes en las mesas de los populares, y el grito de "sinvergüenza", proferido por Abel Losada, del PSdeG. Por alusiones, Barcón dispuso de 30 segundos para aclarar que la manifestación no fue para debatir los ingresos o dónde trabajan los médicos, sino para "impedir la venta de la sanidad pública".
La Asesoría Xurídica frenó a Feijóo
Presentar una ley segregada de la de Presupuestos para reformar esas 24 normas autonómicas no entraba en los planes iniciales del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El anteproyecto de las cuentas autonómicas que presentó a la Asesoría Xurídica incluía todo en uno: presupuestos y medidas "organizativas". La asesoría de la Xunta tuvo pocas dudas a la hora de rechazar que se formulasen en la misma ley. En la doctrina "es una constante la restricción con que se analiza la posibilidad de incluir en las leyes de presupuestos cuestiones ajenas a su contenido esencial", reza el informe, al que ha tenido acceso este periódico. En él se determina que las modificaciones de las normas legales autonómicas "no deben formar parte del anteproyecto de ley de Presupuestos".
Obligado a tramitar los dos proyectos por separado, el Gobierno gallego se resistió a solicitar los dictámenes del Consello Económico e Social de Galicia (CES) y de la propia Asesoría Xurídica, este específico sobre su contenido. Y eso que la Consellería de Facenda, en un informe reclamado por el grupo socialista, reconoce que el presupuestario es el único proyecto de ley que está exento de esa obligatoriedad. Sin embargo, Facenda justifica la exención de dictámenes por tratarse de medidas legislativas "complementarias, que guardan relación con los gastos e ingresos previstos en el proyecto de los Presupuestos Generales". Así, el Gobierno gallego optó para la ley de acompañamiento por una tramitación "paralela" a la de Presupuestos, "adoptando para ambas las características propias de la norma presupuestaria", con "plazos perentorios y una urgencia en los trámites que no es habitual en otras leyes".
La socialista María José Caride se preguntó ayer qué urgencia puede representar la reforma de leyes que la Xunta pudo poner en marcha en el último año y medio. Y puso como ejemplo la del Suelo, que se vuelve a modificar solo ocho meses después de los últimos cambios.
