La patronal del transporte pide que los padres paguen el bus escolar

Los empresarios del transporte de viajeros por carretera exigen a la Xunta una reforma a fondo del sistema de autobuses escolares con una alternativa sobre la mesa: o se establece un sistema para que los padres paguen por el servicio o las compañías no podrán sostener las líneas en las zonas rurales que no son rentables. La advertencia la formula el principal empresario del sector, Raúl López, dueño de Monbus y presidente del Comité Galego de Transporte de Viaxeiros, quien exige a la Xunta que reestructure el servicio. La Consellería de Educación asegura que el copago no se contempla en ningún caso.

En declaraciones a este periódico, López afirmó que, ante la actual situación económica, el sistema no funciona -"la mayoría de la gente no valora lo que es gratis"- y la Administración debe buscar una solución que no solo afecte a las empresas del sector, que ya han hecho recortes. Por eso asegura que "posiblemente el futuro pase por el copago" y por una "reestructuración de servicios de mayor duración temporal". Fuentes de la consellería niegan rotundamente la posibilidad de cobrar por el servicio. "La palabra copago aquí no existe" aseguran.

La Consellería de Educación niega que el copago vaya a ser una opción

El presidente de Monbus asegura que las empresas pueden cerrar

Sobre la reestructuración, confirman que se produce todos los años, pero que se limita a las modificaciones propias de la organización del servicio en función de la residencia de los escolares. De esa forma aclararon unas spalabras del conselleiro Jesús Vázquez, que ayer, en la visita a un centro de formación profesional en Ourense, también habló de reestructuración. El titular de Educación dijo que las palabras de Raúl López son "una opinión personal".

El empresario niega la mayor y asegura que es la opinión de la mayoría de las compañías afectadas. Y además es tajante: "El político no toma esta decisión por miedo a perder votos". Y es en este punto cuando su firmeza se incrementa. Acusa a la Consellería de imponer las decisiones en una especie de "o lo tomas, o lo dejas". El presidente del Comité de Transporte manifiesta que responsables de Educación se reunían con el sector para consensuar las decisiones todos los años. Hasta ahora. Raúl López declara que esas reuniones han pasado a la historia y que hay "falta de diálogo". Desde la Consellería, de nuevo, lo niegan y aseguran que "se han celebrado reuniones cuando las han solicitado". La patronal del transporte replica que está dispuestaa reunirse cuando haga falta.

Actualmente la Xunta mantiene en servicio unas 4.500 líneas -la mitad de todas las que existen en España-, que transportan a 90.000 escolares y que suponen un coste anual que supera los 120 millones de euros.

La polémica surgida a raíz de las palabras del dueño de Monbús, el primer grupo gallego de transporte, llegó ayer a la oposición. El portavoz de educación de los socialistas, Guillermo Meijón, mostró su desconfianza ante las declaraciones de López porque aseguró que no sabe si estos cambios van a suponer "duplicar el tiempo" que los niños pasan en el autobús. Además, el diputado socialista expresó sus sospechas de que pueda suponer "la preparación al pago o copago" del transporte escolar por parte de padres y madres.

Carme Adán, desde el BNG, afirmó que está de acuerdo con esta reorganización siempre que suponga "mejorar las rutas". Para Adán, el transporte escolar es "un derecho fundamental" en Galicia debido a su dispersión poblacional y no debe ser utilizado "como un cheque en blanco para que las empresas de transporte pidan una contraprestación a los padres"

Para el dueño del grupo empresarial, "la Administración, por miedo a los padres, solo hace una reestructuración que afecta a las empresas y no a los usuarios". Y una vez más se reafirma en que no hay dinero y "si no hay dinero las empresas pueden desaparecer".

En 2010 la Xunta llegó a un acuerdo con las empresas concesionarias del transporte escolar a cambio de ampliar las licencias. Las operadoras se comprometieron entonces a rebajar en 8,4 millones la factura de 120 que anualmente pasan a la Xunta. Según Jesús Vázquez, "era la primera vez que una Consellería daba ese paso, al mismo tiempo que buscaba la mejora del servicio".