¿Un piso de menos de 40 m²?
La especulación urbanística ha determinado el advenimiento de la crisis económica como percepción instalada en el tejido social. Esa misma percepción se constituye también en un elemento estructural de la misma y determina el comportamiento del dinero. En pocos meses se ha pasado del paraíso al infierno y pocas voces analíticas superan el recurso a la especulación, en este caso intelectual, para analizar un fenómeno cíclico que forma parte ineludible de la economía de mercado que legaliza y sacraliza la Constitución española.
Todos parecen coincidir en que gran parte de la solución a la crisis pasa por el aumento de la inversión pública y concretamente en la licitación de vivienda pública protegida. Ahí se les acaba a los neocon su pasión por el déficit cero. Por eso resulta especialmente perverso que se pretenda acometer la construcción de vivienda pública de forma desregulada y de espaldas a los mínimos de calidad de vida que merece la ciudadanía.
Los municipalistas no se pueden convertir en emperadores de mínimas ciudades-Estado
En las últimas semanas la hostilidad a la nueva regulación del hábitat que promueve el Gobierno gallego y su departamento de Vivienda han estado en el centro de la acción de ayuntamientos y agentes del sector. Alianza poco recomendable la de ayuntamientos con constructores y promotores y que está en la base de la agresión urbanística constante que ha padecido Galicia en las últimas décadas. Si hay algo de lo que no pueden alardear en su conjunto los gestores municipales es, precisamente, del urbanismo. Y no sólo por una deficiente gestión técnica, sino también por la generación de innumerables prácticas deshonestas, ilegales y paralegales, como las que se registran en este ámbito.
Todos estaríamos en posición de defender la autonomía municipal como primer estadio de la democracia de proximidad, pero de ahí a dejar que los municipalistas se conviertan en emperadores de mínimas ciudades-Estado hay una gran diferencia. Sobre todo cuando se trata de legislar derechos sociales que afectan directamente a nuestra calidad de vida. ¿Hay alguien que desee vivir en pisos de menos de cuarenta metros cuadrados? ¿Hay alguien que crea objetivamente deseable que el ancho de las puertas de sus viviendas no resulte accesible para los minusválidos? Esas son algunas normas de la regulación del hábitat que rechazan alcaldes y promotores.
Con toda seguridad la historia de estos tres años de Gobierno bipartito en la Xunta deberá registrar como grandes logros políticos, entre otros, los avances en vivienda social y en política de bienestar. Curiosamente, también la creación del Consorcio Galego de Benestar generó inicialmente el mismo tipo de rechazo municipal, pero la realidad es tozuda y los problemas de xenofobia que han surgido últimamente con el realojo de familias gitanas en Pontevedra y A Coruña han puesto de manifiesto la incapacidad de la autonomía municipal para resolverlos. Curiosamente también desde la implantación de los ayuntamientos democráticos en 1979 hay que reconocerles a muchos alcaldes su audacia, sobre todo en política social, para dar cobertura a estos problemas sustituyendo la falta de proactividad de las admimistraciones provincial, autonómica y estatal ¿Por qué ahora este rechazo cuando el Gobierno de la Xunta sí es capaz de actuar en ese ámbito con legislación y presupuestos? Es como si los ayuntamientos se negasen a que en su término municipal se realizasen controles de alcoholemia aduciendo una baja en la facturación nocturna de la hostelería local.
Obviamente, el diálogo y la cohesión entre administraciones deben solucionar estos conflictos. Paradójicamente es lo que exigen los alcaldes y ofrece reiteradamente la conselleira. Pero en el rifirrafe de la política, Teresa Táboas suma muchos puntos de credibilidad: dirige un departamento de nueva creación sin el histórico de errores de los ayuntamientos y, además de ser mujer, tiene una gran preparación técnica como arquitecta, no proviene de la política profesional y no necesita el cargo para hacer fortuna.
