El plan de urbanismo corregido de Vigo elimina cinco ámbitos de suelo edificable
El pleno que debe aprobar el documento puede retrasarse hasta después de las elecciones
La desaparición de cinco sectores o ámbitos de suelo urbanizable es lo más relevante del proceso de correcciones aplicados al plan general de Vigo, según el gerente de Urbanismo, Javier Rivas. Esta modificación impide la construcción de unas 3.000 viviendas unifamiliares en varias parroquias, lo que censuran tanto el gobierno local del PP como el BNG, que fueron los valedores del plan antes de pasar por Política Territorial. Pese a prisas anteriores, el pleno que deberá aprobarlo podría no llegar a celebrarse antes de las elecciones por no contar con mayoría suficiente.
Las correcciones introducidas en el plan general de urbanismo de Vigo a partir de la orden de Política Territorial del 19 de enero reducen en unos 800.000 metros cuadrados el suelo urbanizable. Nada que altere sustancialmente su potencialidad edificatoria, que se cifra en unas 98.000 viviendas en un programa de doce años, según los datos que ofreció ayer Javier Rivas, gerente de Urbanismo de Vigo, en la presentación a la prensa de las correcciones realizadas.
Esta reducción del suelo urbanizable afecta especialmente a las parroquias de Matamá, Candeán, Beade y Valladares e impide la construcción de viviendas unifamiliares. El gobierno municipal, a través de su portavoz, José Manuel Figueroa, ha expresado su disconformidad particularmente con esa modificación, aunque suya es la atribución de presentar el documento para que sea aprobado por el pleno municipal. Después de las prisas urgidas a Política Territorial para disponer del documento corregido antes de las elecciones de mayo, ahora reconoce que ese pleno podría no llegar a celebrarse.
El plan sólo puede aprobarse por una mayoría absoluta que hasta ahora han garantizado los votos de PP y BNG. Pero a los nacionalistas les gustaba el plan previo a las correcciones, no el documento actual. Entiende que las modificaciones realizadas actúan en perjuicio de las parroquias y, aunque ayer no quisieron pronunciarse sobre el asunto, se hace improbable que den su aprobación a las mismas. A lo sumo, se abstendrían. Lo que bastaría para que el plan no prospere en el actual escenario político.
Las posiciones de cada grupo se concretarán en la sesión extraordinaria del Consello da Xerencia de Urbanismo que se celebrará el martes.
El único informe preceptivo que falta para ser remitido a Política Territorial con el plan aprobado por el pleno municipal es el de Medio Ambiente. Figueroa aducía el jueves que sería una última carta del PSOE para impedir la aprobación del plan antes de las elecciones, independientemente de su aprobación por el pleno municipal.
El conselleiro Manuel Vázquez lo desmintió ayer: el problema "no es medioambiental, sino urbanístico y político", dijo, y pidió al gobierno local que "no se esconda" en estas consideraciones. El informe de Medio Ambiente "nunca serán un obstáculo para que se apruebe el plan". Estará listo "en cuestión de días" para tutelar las políticas medioambientales durante los próximos 30 años, de modo que, "si se presenta 15 días antes o después, sólo importa a quien está en liza política". Las dificultades del plan de urbanismo, añadió Vázquez, están en los problemas de los propios grupos políticos, "en un gobierno de aquella manera", afirmó en referencia a BNG y PP, que, "aunque realmente no gobiernen juntos, van parejos en el urbanismo".
Por su parte, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, mantiene el compromiso de resolver el plan aprobado en pleno municipal en un mes, en lugar de los tres meses que le permite la ley. También recordó ayer que fue el Ayuntamiento quien se dio mes y medio de plazo para realizar las correcciones a unas deficiencias que, en su mayor parte, fueron ya señaladas en 2004.
El gerente Xabier Rivas explicó ayer a los periodistas los desvelos y las técnicas que han permitido responder en un tiempo récord a las deficiencias indicadas por Política Territorial en enero. El fin era aprobar el plan general en el plazo fijado por el PP, antes de las elecciones del 27 de mayo. Pero ahora ni el PP sabe si podrá convocar el pleno que lo apruebe.
