Los porteros de discoteca tendrán que aprobar un examen y saber gallego
Los porteros de discoteca tendrán que hacer un examen y demostrar que saben gallego para poder ejercer. Así lo anunció ayer la Consellería de Presidencia, que ultima el decreto -anunciado en noviembre- que regulará la actividad de este colectivo, hasta ahora en un limbo jurídico.
Las pruebas las convocará la Academia Galega de Seguridade Pública y consistirán en un test psicológico y otro de conocimientos específicos sobre seguridad. El decreto exigirá además, según avanzó la Xunta, acreditar "conocimientos básicos de las lenguas oficiales de Galicia para poder atender al público en cualquiera de ellas", una fórmula muy similar a la que recoge la norma que regula la materia en Cataluña, recurrida por este motivo ante su Tribunal Superior de Justicia.
Una vez aprobado, el personal de control de acceso recibirá un carné que tendrá que lucir mientras trabaje. La autorización será expedida por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y tendrá una validez de cinco años, tras los que se deberá repetir el examen. Los aspirantes deberán ser mayores de edad y no tener antecedentes penales. Sus funciones serán controlar la entrada del público a los locales, comprobar la edad de los que pretenden acceder, o verificar que no se exceda el aforo autorizado.
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se reunió ayer con representantes de las asociaciones de hosteleros, pubs y discotecas para discutir el texto del decreto. Para la consellería, la norma "da respuesta" a la reivindicación de los sectores implicados, que reclamaban una regulación que consagre la "profesionalización" de este colectivo, sumido hasta ahora en la indefinición jurídica. De hecho, en la actualidad continúa vigente una norma de 1982, el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. Este documento hace una referencia genérica a la posibilidad de que los porteros impidan la entrada o permanencia de menores de 16 años en determinados espectáculos.
Con esta regulación, la Xunta confía en lograr una adecuada prestación de "servicios de calidad" a los ciudadanos y garantizar que los labores de control de acceso se ejerzan en condiciones "de máximo respeto y garantía" para los clientes.
Los requisitos del proyecto gallego son similares a los que plantea la norma análoga aprobada por la Comunidad de Madrid a finales de 2008, tras el asesinato del joven Álvaro Ussía en una discoteca de la capital. Desde entonces, varias comunidades han discutido regular el oficio. La pionera, no obstante, fue Cataluña, en 2004 y también tras un caso de asesinato: el del ecuatoriano Wilson Pacheco, arrojado al mar en Barcelona en 2003 tras un enfrentamiento con porteros.
